El director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua, Marcos Carmona, denunció por medio de los noticieros de Radio Corporación que la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que visitó Nicaragua la semana pasada, no se reunió con la organización que él representa ni con la también independiente Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH).
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es un cargo elegido por la Asamblea General de la ONU, que en la actualidad es desempeñado por la jurista sudafricana Navanethem Pillay, antigua activista sindical, feminista y contra la segregación racial en su país de origen. Ella trabaja directamente con la Secretaría General de la ONU y en asociación con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero no depende de este. Sin embargo, al ser elegido por la Asamblea General de la ONU y ser esta representante de los gobiernos, el ámbito de autonomía del Alto Comisionado es muy relativo.
La delegación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que vino a Nicaragua estuvo integrada por los funcionarios Gianni Magazzeni, jefe del Servicio de América, Europa y Asia Central, y Francesco Noyyi, representante adjunto de la Oficina Regional para América Central. Pero ellos no vinieron a examinar la situación de los derechos humanos en el país, ni a oír, por lo tanto, las denuncias de las víctimas y de los organismos independiente. Vinieron solo para hablar con las autoridades gubernamentales sobre los requisitos para el Examen Periódico Universal de los derechos humanos, que se realizará el próximo año.
En realidad, es probable que la Alta Comisionada Navanethem tenga la mejor voluntad para conocer la situación de los derechos humanos, no como la reportan los gobiernos sino como es en realidad y de acuerdo con las denuncias directas de la víctimas. Pero si así fuese, es muy poco o nada lo que ella podría hacer, siendo que, repetimos, la ONU no es un organismo de pueblos, sino de gobiernos, del cual son miembros todos los violadores de derechos humanos que hay en el mundo.
En realidad, ¿qué interés podrían tener en que no se cometan violaciones a los derechos humanos, y mucho menos en denunciarlos y condenarlos, los gobernantes de China, Rusia, Cuba, Azerbayán y Arabia Saudita, para mencionar solo algunos, los cuales son miembros de la ONU y participan activamente en sus diversos organismos, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos?
De manera que no fue por casualidad, que los delegados de la ONU para los Derechos Humanos que vinieron a Nicaragua la semana pasada, se reunieran prácticamente solo con representantes gubernamentales que ocultan y más bien justifican las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Daniel Ortega. Con el único organismo independiente que se reunieron los delegados de la ONU, según se pudo saber, fue con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el cual seguramente les informó sobre los atropellos del régimen orteguista. Sin embargo, para efectos prácticos eso no tuvo mayor importancia debido a la falta de interés y beligerancia de la ONU frente a las violaciones gubernamentales de los derechos humanos.
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