El magistrado orteguista de facto de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, anunció —según la agencia de prensa ACAN-EFE—, que muy pronto serán fallados los 32 recursos por inconstitucionalidad de la Ley 840, mediante la cual se le otorgó la concesión del Gran Canal al empresario chino Wang Jing. Solís dio a entender en su declaración, que todos los recursos serán rechazados.
Las razones del magistrado orteguista de facto para justificar el rechazo a tales recursos, son deleznables. A tono con el contenido de la concesión canalera de Daniel Ortega a Wang Jing, la cual es claramente vendepatria en el sentido que el General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, dio a este concepto, el magistrado de facto Solís argumentó que “los propios norteamericanos aparecen diciendo que es importante que haya otras alternativas además de Panamá, así que todo lo demás es pura manipulación política”. Y agregó que “eso hay que resolverlo porque es una inversión tan grande, que no tiene que haber ningún tipo de duda jurídica sobre eso, no es cuestión de dejarlo ahí”. O sea que según él lo importante es la inversión, la constitucionalidad y la inmunidad soberana de Nicaragua son secundarias.
En realidad, si Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la concesión canalera con alrededor de 40 violaciones flagrantes a la Constitución, es porque estaba seguro de que sus diputados las iban a aceptar y que sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia, las convalidarían sin reservas ni escrúpulos de ninguna clase. La única persona del orteguismo que se atrevió a contradecir —tímidamente — un aspecto aislado y secundario de la Ley 840, fue la exdiputada del FSLN, Xochilt Ocampo, quien fue castigada con el despojo de su cargo pero aun así declaró que “ama” a su partido.
Precisamente por eso es que desde que fueron presentados los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley 840, algunos de los cuales son piezas magistrales de derecho constitucional y defensa de la soberanía nacional, se sabía que serían rechazados por los magistrados orteguistas y de facto de la Corte Suprema de Justicia. A ellos no les importa el derecho, ni la Constitución, ni los principios de soberanía e independencia nacional, solo les interesa acatar la voluntad omnímoda de su caudillo.
En Nicaragua ya no hay separación de los poderes del Estado, ni independencia de la justicia. Todas las instituciones del Estado y el Gobierno están sometidas al poder personal y autocrático de Daniel Ortega. Pero aun así dijimos —y lo reiteramos ahora—, que era necesario interponer los recursos por inconstitucionalidad porque la lucha hay que plantearla hasta en dominios absolutos del orteguismo, como es el poder judicial. Además, cuando la soberanía nacional no se puede defender con las armas en la mano, como lo proclamó e hizo Sandino, por lo menos hay que defenderla con las armas de la crítica, de la razón y de los recursos del derecho.
Si los magistrados han renunciado a su obligación de respetar la Constitución y proteger los derechos y garantías de los nicaragüenses, los ciudadanos dignos de Nicaragua que como el Héroe Nacional no reclaman ni siquiera un palmo de tierra para su sepultura, no deben renunciar a sus derechos ni a defender la independencia y la soberanía nacional, ayer entregada a las superpotencias y hoy vendidas a oscuras empresas extranjeras.
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