Colombia/AP
Una alta corte colombiana falló el miércoles a favor de la constitucionalidad de una enmienda a la carta magna, reforma que el gobierno considera clave para el proceso de paz pero que ha recibido duras críticas de activistas por los derechos humanos.
La Corte Constitucional, la máxima instancia en Colombia para asuntos de la carta magna e integrada por nueve magistrados, dijo que la enmienda, propuesta por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y aprobada por el Congreso en junio del 2012, se ajusta a las normas.
La Corte «consideró que para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional», dijo el magistrado Jorge Iván Palacio, presidente del alto tribunal, al leer un comunicado ante los reporteros. No respondió preguntas.
El fallo, que es inapelable, fue aprobado por siete votos a favor y dos en contra.La Corte no dio de inmediato el texto completo de su decisión, algo que suele tomar varias semanas e incluso meses.
El alto tribunal «concluyó que, en virtud de los instrumentos de derechos humanos y del derecho internacional humanitario… es legítimo que se dé una aplicación especial a las reglas de juzgamiento, siempre y cuando se asegura que como mínimo se enjuiciarán aquellos delitos» de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, agregó el magistrado.
La Corte dejó en manos del Congreso reglamentar la enmienda en un futuro texto legislativo, que ahora deberá ser presentado y debatido por los parlamentarios.
La enmienda es conocida en Colombia como «marco jurídico para la paz», porque se considera uno de los instrumentos jurídicos claves del gobierno de Santos en sus negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en diálogos que se iniciaron a fines del 2012 y que se escenifican en La Habana, Cuba.
El texto de la enmienda, de cuatro artículos, establece, entre otros puntos, que los actores del conflicto armado interno colombiano, como los rebeldes, pueden recibir rebajas o suspensión de penas en prisión si dejan las armas. La enmienda también contempla que se podrá centrar la investigación penal en «los máximos responsables» y no en todos los insurgentes, por ejemplo.
Grupos defensores de los derechos humanos han criticado la enmienda al afirmar que abriría la puerta a la impunidad porque las investigaciones judiciales se centrarían en esos «máximos responsables» e incluso a éstos se les podrían ofrecer los beneficios legales de rebaja o suspensión de la pena, sin pagar ni un solo día de prisión, lo que iría en contra de tratados internacionales de los cuales Colombia es signataria.
Las FARC, en voz de sus comandantes negociadores en La Habana, ya han dicho en varias ocasiones que ni reconocen la competencia del sistema judicial colombiano, ni les fue consultada la enmienda, ni tampoco aceptan penas de prisión.
«Me dicen que en la Corte Constitucional, y espero que así sea, acaban de aprobar el marco jurídico para la paz… si eso es así, en un paso importantísimo», dijo Santos en un acto en la casa de gobierno poco antes de anunciarse oficialmente la decisión de la Corte, pero que ya había sido transmitida por medios locales.
