En el 2014 se revisarán los procedimientos para establecer quiénes serán los nuevos sujetos de exoneraciones conforme el aumento de la producción y el empleo e inversión en tecnología.
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Lucía Navas
Reformas a la Ley de Concertación Tributaria (LCT), a su reglamento o a través de las disposiciones administrativas de los entes recaudadores, son las opciones legales que tendrían que aplicarse para que sean efectivos los cambios que se están acordando entre el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Gobierno.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, mantuvo su crítica contra las publicaciones periodísticas que adelantaron con el Gobierno negocian a puerta cerrada las modificaciones a la Ley Fiscal, excluyendo a los sindicatos y las asociaciones de los mercados.
Aunque insistió en que los cambios no trastocarían a profundidad el esquema fiscal del país, Aguerri terminó aceptando que podrían buscar una reforma a la Ley Tributaria para que legalmente se corrijan los errores que se detectan, para mejorar su aplicación en general.
“Lo tendremos que hacer por la vía que corresponda y eso lo tendremos que negociar. Eso efectivamente de forma es una reforma, no de fondo”, aceptó Aguerri.
“DE FORMA SÍ, NO DE FONDO”
“¿Si legalmente la ley dice una cosa y ustedes detectan y acuerdan con el Gobierno que hay que cambiarlo tendrían que reformar la Ley Tributaria?”, se le cuestionó.
“De forma sí, no de fondo”, respondió Aguerri.
Persistió el líder empresarial que en estos cambios no buscan ampliar la base de exoneraciones y exenciones fiscales a las empresas, porque “no estamos hablando de aumento de nuevos productos (a ser exonerados), no estamos hablando de cambios en tasas (impuestos)”, dijo.
ELIMINARÁN EL TRABAJO GRATUITO QUE QUERÍA LA DGI
De acuerdo a la matriz de problemas en la Ley Tributaria y su reglamento, identificados por el Cosep y el Gobierno, existe el consenso de “trabajar en una reforma”, para eliminar la autotraslación.
Esto se trata de una obligación que se introdujo para que las empresas retengan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a aquellos proveedores que no están registrados ante la Dirección General de Ingresos (DGI).
Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic), recuerda que lo que se hizo fue trasladar el trabajo de la DGI a las empresas, porque al final el contribuyente que retiene el IVA al proveedor se lo tiene que entregar a la DGI.
Afirmó que han demostrado al Gobierno que la autotraslación no es viable en la práctica, porque a quienes apuntan cobrar el IVA es a negocios informales.
Ver en la versión impresa las páginas: 3 A
