Lucía Navas
El Estado deja de percibir casi 11,000 millones de córdobas al año, debido a las exoneraciones y exenciones tributarias concedidas por un amplio sistema de beneficios a las empresas.
En la última reforma tributaria, el Gobierno “vendió” la idea de que se crearon nuevos mecanismos para recortar los beneficios fiscales a fin de darlos únicamente a nuevos proyectos de inversión o a los empresarios y productores que presenten programas de ampliación de la capacidad productiva, de las exportaciones, que generen más empleos o modifiquen sus sistemas tecnológicos.
Pero esas limitaciones que quedaron por escrito podrían quedar debilitados ante los cambios que ya están acordados y listos para aplicarse en una reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT) en vigencia desde hace tan solo siete meses. En la revisión de la matriz de las Propuestas de Reforma a la LCT y su Reglamento, se evidencia cómo se abren los candados de los incentivos fiscales.
Un caso llamativo es que se reformarán los artículos 130 y 171 de la LCT para permitir al importador incorporar en la declaración de los productos exonerados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) “todos los tributos que se recauden” a fin de presentar un solo precio en la Aduana. En la práctica, lo que gana el empresario es que se le exonere una mayor cantidad de IVA o de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Para ello se podrá incorporar lo pagado en concepto de Derecho Arancelario a la Importación (DAI), la Tasa por Servicio a la Importación de Mercancías (TSIM) cuando tenga relación al ISC y en cuanto al valor del IVA se le permitirá incorporar el DAI, el ISC y la TSIM en el valor presentado en la aduana para internar la mercancía al país.
La Ley de Concertación Tributaria tiene siete meses en vigencia. Sin embargo, en estos meses un equipo técnico del Ministerio de Hacienda, la DGI, la DGA y del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), al menos unas dos veces al mes, han estado revisando el texto de la Ley y su reglamento.
No obstante, la disposición del equipo técnico del Cosep ha llevado la misión de “revisar minuciosamente cada línea de la Ley Tributaria y el mismo reglamento para encontrarle por dónde estirar los beneficios fiscales” o bien “obtener nuevas exoneraciones”, según confirmaron fuentes vinculadas en Comisión Técnica.
Ya las exoneraciones y exenciones que los privados reciben vía IVA superan los 2,000 millones de córdobas por año, que le quita el 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua, según documentos de Hacienda. Esta pérdida de recursos al Estado solo son por los incentivos que se entrega por medio de la DGA.
Hasta marzo pasado, las importaciones representaron 1,311 millones de dólares. Sin embargo, en IVA solo se recaudaron 72.3 millones de dólares para ese periodo, según la DGA y Hacienda. Si bien los informes oficiales indican que hay un incremento en la recaudación de impuestos, el “hueco” por los incentivos fiscales igual se agrandará con los “arreglos” técnicos que Gobierno y Cosep hacen a la Ley Tributaria.
MÁS PESO AL CIUDADANO COMÚN
Una vez más el perdedor en estas negociaciones es el ciudadano común, que no tiene representación directa en la negociación. Un “botón” de muestra es que empresarios y Gobierno acordaron que cuando se pague con tarjetas de crédito la retención del Impuesto sobre la Renta (IR) se aplique a partir de un córdoba.
Si bien en el artículo 44 del reglamento de la Ley Tributaria se establece actualmente que la retención del IR se aplicará a los montos aunque fuesen menores de los 1,000 córdobas, también se dejó como tasa a cobrar el 1.5 por ciento cuando el medio de pago sea tarjeta de crédito. Es decir no se cobra la tasa global del diez por ciento.
Pero mientras el Cosep le garantiza a las estaciones de ventas de combustibles que se les siga tratando especialmente porque la retención del pago mínimo (uno por ciento) siga sobre los porcentajes de comercialización en base a sus ventas, al ciudadano que pague con tarjetas de crédito en esos establecimientos o en cualquier otro donde se acepte, el fisco le va a quitar IR a partir de que el bien o producto cueste un córdoba.
SINDICATOS FUERA
La comisión técnica mixta entre Cosep y Gobierno ha negociado a puerta cerrada la nueva reforma a la Ley Fiscal y en esta ocasión no se respetó el concepto de tripartismo que ambos sectores pregonan, porque se dejó fuera a los representantes sindicales.
“No, no participamos en nada de esa revisión”, aseguró a LA PRENSA, Luis Barbosa, secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE), quien ha sido de uno de los que ha estado al frente de la representación sindical en las discusiones del ámbito económico con Gobierno y Cosep. “Cualquier reforma a una Ley Fiscal requiere al menos una espera de dos años para que podamos discutirla”, expresó Barbosa bastante sorprendido de que ni siquiera se les haya hecho llegar el documento de cambios acordados para que al menos los pudiesen conocer.
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