Martha Vásquez
Patriotismo, conciencia política, indignación, rabia, cualquiera de estos sentimientos invadió a mujeres, hombres y jóvenes al presentar más recursos contra la Ley del Canal aprobada el 13 de junio de este año por la Asamblea Nacional a petición urgente del presid
ente inconstitucional Daniel Ortega.
“Es la ley más recurrida en lo que va del año, después de la Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero”, aseguró Rubén Montenegro, secretario de la Corte Suprema de Justicia, después de detallar que iban 12 recursos por inconstitucionalidad contra dicha norma que los recurrentes califican de “vendepatria” y “entreguista”.
Para Danilo Aguirre, abogado y exdiputado de la Asamblea Nacional, es un deber imperativo de los ciudadanos recurrir contra esta ley “que es confesamente inconstitucional, para poder tener mayor respaldo en el ejercicio de oposición a esta barbarie que atenta contra todos los elementos soberanos del país”.
“Creo que un paso obligado es pasar por el trámite judicial de recurrir por inconstitucionalidad”, reiteró el abogado que recurrió a título personal contra dicha normativa.
LEY VENDEPATRIA
La ciudadanía nicaragüense tiene hasta el 13 de agosto para presentar sus recursos contra la Ley del Canal, según establece la ley. Ayer presentaron escritos ciudadanos de Masaya, Jinotega, Estelí y Managua.
Montenegro explicó a los asistentes que después del 13 revisarán todos los expedientes para ver si cumplen los requisitos de ley, de lo contrario mandarán a llenar vacíos.
“Estos recursos se acumulan y fallan en una sola sentencia, porque se refieren a lo mismo”, explicó el secretario general de la CSJ.
Entre los argumentos legales que caracterizan a los recursos están: violación a la soberanía nacional al otorgar dominio exclusivo y total a una empresa extranjera sobre una enorme porción del territorio nacional, renunciando expresamente a la soberanía que solamente puede ejercer el Estado; violación al principio constitucional de preservar la integridad territorial del país.
También: confiscación y expropiación a territorios indígenas, violación al principio de democracia participativa, entre otros.
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