Por Noe Leiva
TEGUCIGALPA/AFP
Contingentes militares preparaban este martes una operación para decomisar fusiles de asalto y granadas en poder de pandilleros presos en la Penitenciaría Nacional, al norte de Tegucigalpa y donde el sábado una reyerta entre reclusos dejó tres muertos y al menos nueve heridos.
«Se está preparando todo para hacer un buen registro hasta encontrar fusiles AK-47, M-16 y granadas» que tienen en su poder miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), dijo a la AFP el teniente coronel Héctor Medina, vestido en uniforme de combate.
Pelotones de soldados montaban retenes en la calle asfaltada que da acceso a la cárcel. Otros grupos se movían frente al portón y por los alrededores del penal, que se levanta en una explanada apenas cubierta con zacate y arbustos en el valle de Amarateca, a 20 km de la capital.
El subdirector del Instituto Penitenciario, Anahél Pérez, relató a la AFP que el sábado unos 150 miembros de la MS-13 y «paisas» (reos comunes) se desplazaron hasta un módulo cercano al área de talleres donde están recluidos unos 160 pandilleros de la rival M-18.
Pérez detalló que en el ataque usaron seis AK-47, dos M-16, revólveres y 11 granadas; ocho explotaron, matando a tres e hiriendo a seis. Luego atacaron un portón de hierro de acceso, donde hirieron a tres guardias.
Agentes antibombas con perros entrenados buscaban este martes más explosivos en el lugar, pero no habían ingresado al sitio donde están atrincherados con sus armas los integrantes de la Mara Salvatrucha, constataron periodistas de la AFP.
«Ya sabemos que (MS-13 y paisas) son como 2,000 pero estamos dispuestos a morir, aquí los esperamos. Fuimos atacados a granada viva», gritaba a los policías uno de los reos tatuados, integrante de la M-18. Techos rotos y agujeros en las paredes resaltan como pruebas del feroz ataque del fin de semana.
El ministro de Seguridad, Arturo Corrales, anunció el lunes que militares y policías tomarán el control de la Penitenciaría Nacional y del penal de San Pedro Sula -240 km al norte- a partir de este martes y por 90 días. Explicó que los penales serán resguardados por dos anillos de seguridad, uno exterior de militares y otro interior de policías.
Las pandillas MS-13 y M-18 mantienen una guerra por disputas de territorio para el tráfico de drogas, asaltos y extorsiones en las principales ciudades de Honduras. En mayo, cabecillas de ambos grupos que cumplen penas en prisión, pidieron perdón a la sociedad y propusieron un acuerdo para retirarse de sus actividades, pero renunciaron a cualquier acuerdo entre ambas maras.
El viernes pasado la relatoría de los privados de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó al presidente Porfirio Lobo un informe que destaca como el principal problema en las cárceles hondureñas el «autogobierno» cedido a los reclusos y justificado por las autoridades en la falta de personal.
El informe subraya que ese autogobierno deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas y permite además que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes.
El documento cita una sobrepoblación superior a 40% en los 24 centros penales con 12,300 presos en condiciones deplorables de higiene y salubridad. También resalta la ausencia de una separación de reclusos por categorías de delitos.
El informe fue elaborado por siete expertos que visitaron Honduras del 23 al 27 de abril de 2012, dos meses después de una de las mayores tragedias carcelarias del mundo: el incendio del penal de Comayagua (70 km al norte de Tegucigalpa), en el que murieron 362 reclusos.
