El 26 de agosto de 1996, en el período de la primavera democrática de Nicaragua, la presidenta Violeta Barrios de Chamorro promulgó la Ley 228, Ley de la Policía Nacional, la cual había sido aprobada por la Asamblea Nacional el 31 de julio de ese mismo año.
En el artículo 3 de la Ley 228, que determina las funciones de la Policía Nacional, se establece su obligación de “Auxiliar y proteger de manera inmediata a toda persona que así lo requiera y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa”. Y el artículo siguiente indica que, en este caso como en el de todas las demás funciones que le otorga la Ley, la Policía Nacional actuará de oficio.
Al año siguiente, en octubre de 1997, la Policía Nacional aprobó y dio a conocer la Doctrina Policial, Visión, Misión y Principios Institucionales, ejemplar documento normativo en el cual se desarrollan los valores éticos y profesionales que deben orientar el quehacer del cuerpo policial de Nicaragua, y de sus miembros en lo personal.
En base de estas consideraciones, nos parece que la Policía Nacional, como institución, y la primera comisionada Aminta Granera como su directora general, deben responder a la impactante carta pública de la joven Luciana Chamorro Elizondo publicada en LA PRENSA del miércoles de esta semana y divulgada por diversos medios de comunicación social, nacionales e internacionales. Como funcionaria pública es un deber profesional y como persona una obligación moral de doña Aminta, responder a la carta de Luciana Chamorro.
Lo único que pide la joven Chamorro Elizondo a la directora general de la Policía, es que responda por la actuación policial en la madrugada del 22 de junio pasado, cuando 52 jóvenes participantes en una pacífica vigilia de solidaridad con los adultos mayores y su demanda de una pensión reducida del Seguro Social, entre los cuales se encontraban la denunciante y su hermano, fueron brutalmente agredidos por matones al servicio del Gobierno con la insólita complicidad de los policías que vigilaban el sitio de la actividad cívica juvenil.
Luciana Fernanda describe con pavorosos detalles, cómo, en aquella madrugada de terror, ella y los demás jóvenes solidarios con los ancianos fueron vapuleados y robados sus automóviles, teléfonos celulares, carteras y otras pertenencias personales. La denuncia de Luciana es corroborada por las demás víctimas del atropello y por habitantes del vecindario donde ocurrió la agresión, además de que parte de los hechos fueron filmados por cámaras de seguridad de una gasolinera cercana.
Si la primera comisionada Aminta Granera cree que es mentira lo que se ha denunciado, debería explicar en qué se basa para negar hechos tan evidentes. Doña Aminta debe pronunciarse sobre el caso, ordenar una investigación auténtica y honesta y ante todo ordenar la recuperación de los bienes robados. Y si comprueba que hubo complicidad de los policías con los agresores, o que fueron negligentes y no cumplieron su deber de proteger a los agredidos, doña Aminta debería reconocerlo con entereza y sancionar de acuerdo al Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional, a los policías que han faltado a su deber de garantes de la seguridad ciudadana, de todos los ciudadanos, incluyendo a los que fueron brutalmente agredidos en la madrugada del 22 de junio.
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