Recientemente fue aprobada en la Asamblea Nacional una nueva ley para la defensa de los intereses de consumidores y usuarios, la cual sustituye a la que venía rigiendo en el país desde el año 1994.
Pero la nueva ley no va al fondo del problema, solo araña sus síntomas. Pretende aliviar, pero no corregir, el mal fundamental de que en Nicaragua se ha instaurado un Estado corrupto y voraz, que es monopólico en lo político y cada vez más en lo empresarial. Bajo estas circunstancias es muy difícil que haya un ambiente de sana y libre competencia, que es requisito indispensable para asegurar el respeto a los derechos de consumidores y usuarios. La competencia facilita la producción de bienes y servicios de calidad y a menores precios y permite a los consumidores elegir la opción más conveniente entre varias. Sin competencia no hay opciones ni eficiencia.
El consumo de energía eléctrica cara, la ineficiente generación y distribución de agua potable, el monopolio en la importación y gran parte de la distribución de los derivados del petróleo que resulta en los precios de la gasolina y el diesel más altos de Centroamérica, y el cada vez menos atractivo mercado venezolano para la industria cárnica, son graves problemas causados por la intromisión estatal en la economía. A lo cual hay que sumar que la familia gobernante es dueña de innumerables negocios, directamente o por medio de testaferros, que son beneficiados por asignaciones sin licitación de millonarias adquisiciones estatales, como las del Canal Interoceánico y la empresa del escáner aduanero, para mencionar solo dos de los últimos casos de relevancia nacional.
Estos hechos lesionan la libre y sana competencia; excluyen a otros proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros; desincentivan la inversión extranjera directa y la inversión nacional sanas, que son creadoras de empleos y riqueza; dañan al consumidor cuyos derechos son vulnerados por empresas ineficientes y funcionarios gubernamentales inescrupulosos, con la complicidad de los dizque entes reguladores y a través de una nueva Dirección General de Defensa de los Consumidores ubicada en el Ministerio del MIFIC.
Si a todo eso se suma que el Instituto Pro Competencia no ha sido capaz de promover la sana y libre competencia en un país más bien cartelizado en muchos sectores económicos, resulta fácil comprender por qué el consumidor se encuentra en total indefensión. Sin competencia no pueden mejorar los precios ni la calidad de los productos y servicios. Sin licitaciones públicas el Estado no hace uso eficiente de sus recursos financieros, pues por lo general la empresa beneficiada por el tráfico de influencias no es la mejor elección técnica ni financiera.
El desgaste del poder adquisitivo, la mala calidad de los servicios públicos, la bochornosa adjudicación de concesiones públicas sin licitaciones, son producto de la corrupción y de la ineficiente pero creciente intromisión gubernamental en la economía. De esta manera se condena a la mayoría de los nicaragüenses a seguir pagando productos, bienes y servicios cada vez más caros y de pobre calidad, mientras una oligarquía de nuevo cuño, que ha tomado por asalto a Nicaragua con los cuentos de “bendecidos y en victoria ” y “vamos a vivir bonito”, se enriquece de manera ilícita e ilimitada.
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