Cristhian Ruiz
Aunque la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779) representó un avance para Nicaragua en materia de legislaciones, en la práctica la realidad es otra. Las estadísticas del primer semestre del año en curso, en cuanto a femicidios, cerraron con números rojos.
24 fiscales de género existen a nivel nacional, pero son necesarios 60 para atender con eficacia los casos en la Fiscalía, advirtió Odette Leytón, titular del Ministerio Público.
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Solo en la primera quincena de julio tres mujeres fueron víctimas de femicidio. Y en el primer semestre del año, al menos 43 mujeres fueron asesinadas, según el monitoreo de medios de comunicación que realiza la Red de Mujeres contra la Violencia.
Entre esos crímenes está el caso de Rosa Argentina Urbina, asesinada por José Manuel Herrera Blanco, quien tomó la determinación de matarla porque creyó que la víctima robó su celular.
En el proceso judicial se determinó que Herrera actuó con alevosía, ventaja, ensañamiento y premeditación.
¿Qué hacer?
Lorna Norori, experta en violencia hacia menores y mujeres, señala la urgencia de aprobar un presupuesto para poner en práctica la ley. De esa manera, ya no se podría recurrir a la excusa de que no hay recursos.
Además, agrega la especialista, cada institución estatal debe garantizar la defensa de los derechos de las mujeres. Es decir, deben de dejar de atrasar los procesos judiciales y de “revictimizar” a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia.
“En vez de aprender a vivir bien, bonito y sano, deberían incluir en el pénsum académico de las escuelas el ciclo de la violencia y en las universidades, los pasos para la prevención”, sugiere Norori. Para ella el Ministerio de Educación debe contribuir a la búsqueda de una solución al problema de la violencia de género.
Pero también el Ministerio de la Familia tiene responsabilidades. Es su tarea, apunta Norori, ayudar a que cambie la actitud de las personas encargadas de recibir y dar seguimiento a las denuncias. “Muchos de los detractores de la Ley 779 forman parte del sistema judicial y han emprendido la tarea de distorsionar la normativa”, advierte la psicóloga.
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