WASHINGTON/AP
En una concesión importante a grupos empresariales, el gobierno del presidente Barack Obama anunció el martes inesperadamente el aplazamiento hasta el 2015 en la puesta en vigor de un requerimiento vital para la nueva ley de salud: que las compañías medianas y grandes provean cobertura médica para sus empleados, bajo pena de multas.
La medida sacrifica la implementación a tiempo de la ley, pero pudiera ayudar políticamente al gobierno, al mellar una línea de ataque que los republicanos planeaban usar en las elecciones legislativas del año próximo. Los requerimientos a las empresas están entre las partes más complejas de la ley de salud, cuyo objetivo central es extender la cobertura a los estadounidenses sin seguro.
«Hemos escuchado preocupaciones sobre la complejidad del requerimiento y la necesidad de más tiempo para implementarlo de forma efectiva», dijo el secretario adjunto del tesoro Mark Mazur en un mensaje en un blog. «Hemos escuchado las opiniones y vamos a actuar».
Grupos empresariales expresaron su júbilo. «Es una buena sorpresa», dijo Randy Johnson, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Johnson dijo que no hubo indicios previos de la decisión.
Bajo la ley, compañías con 50 o más empleados deben proveer seguro médico costeable a sus empleados a tiempo completo o se arriesgan a una serie de penalizaciones tributarias crecientes si uno de sus empleados termina recibiendo seguro federal.
Originalmente, ese requerimiento debía entrar en vigor el próximo 1 de enero. Grupos empresariales se quejaron de que era demasiado complicado. Por ejemplo, la ley creó una nueva definición de empleados a tiempo completo: aquellos que trabajan 30 o más horas a la semana. Pero esas quejas, hasta ahora, no habían tenido respuesta.
La demora en el requerimiento a las empresas no afecta el requerimiento de que los individuos tengan seguro de salud a partir del año próximo. El llamado mandato individual fue cuestionado hasta la Corte Suprema, que falló que es constitucional porque la penalización sería cobrada por el IRS y equivaldría a un impuesto.
El anuncio del martes seguramente va a enfurecer a liberales y grupos sindicales, pero pudiera proteger a los candidatos demócratas en los próximos comicios.
Además, mina los esfuerzos republicanos para hacer de la ley de salud y sus costos asociados con los nuevos requerimientos un tema central de su campaña para el congreso. Los demócratas defienden 21 escaños en el Senado y los republicanos 14, y el partido republicano ya había comenzado a fustigar a los demócratas que votaron por la ley en el 2009.
