José Denis Cruz
En Nicaragua más del seis por ciento de la población supera los 60 años de vida. Desde esa edad ya se les considera “material desechado”.
Porfirio García y Jorge Toledo lamentaron que ese beneficio no se esté cumpliendo.
Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) las personas mayores de 60 años representan el 20.8 por ciento del total de jefes de hogar en el país.
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Porfirio García tiene 72 años y es presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), y dice que a partir de los 60 años la sociedad comienza a verlos con ojos distintos. “La sociedad considera que ya no tenemos derechos y que ya no jugamos un papel importante en la vida”, lamentó García.
También adujo que a los adultos mayores se les ve como seres “sin ninguna utilidad”.
Esa es la visión que tiene García justo en el Día Mundial de toma de conciencia contra el abuso y maltrato de la vejez, que se celebró ayer. La Organización de Naciones Unidas (ONU) calcula que entre el cuatro y seis por ciento de los adultos mayores del mundo han sufrido o sufren de abuso o maltrato.
“La violencia hacia los ancianos es parte de la violencia intrafamiliar y social”, dijo Vicente Maltez Montiel, especialista en medicina interna y autor del libro Larga vida y prosperidad, consejos de salud .
LEY NO SE CUMPLE
Los ancianos de Nicaragua cuentan con la Ley del Adulto Mayor.
Sin embargo el experto en Seguridad Social, Jorge Toledo, consideró que la citada ley “es una buena ley en papel, pero (que) no se cumple en la realidad”.
A su criterio, los adultos mayores que integran la UNAM no estarían peleando contra el Estado por una pensión mínima si esa dicha ley se estuviera cumpliendo.
Toledo no apoya las demandas que los adultos mayores, aglutinados en la UNAM, le han planteado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sin embargo dijo: “Si vos querés hay maltrato de parte del Seguro”.
La Ley del Adulto Mayor fue aprobada el 6 de mayo de 2010 y ordena al Estado la creación del Consejo Nacional del Adulto Mayor (Conam), integrado por varias entidades con el fin de garantizar un adecuado acceso a la salud, a la educación y a la inclusión en programas y proyectos que ejecutan las instituciones públicas o privadas.
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