Moisés Martínez/Ramón Potosme
A la “cuota del partido” que se le cobra a los empleados públicos se suman exigencias que van desde movilizaciones obligatorias en “respaldo” al partido de gobierno, hasta limpieza de calles los fines de semanas, de acuerdo con el programa Vivir Bonito que impulsa la primera dama, Rosario Murillo, según denuncias hechas a LA PRENSA.
Negarse es sinónimo de regaño o despido, dijeron.
“Era claro que si vos nos querías dar esa cuota o ir a rotondear, entonces te despedían. Yo les dije en varias ocasiones que por qué yo iba a ir a esas cosas, que yo era un funcionario público, no un rotondero. Y por eso me despiden”, explica William Somarriba, exempleado de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Por otro lado, un empleado público activo —que pidió omitir su nombre— dijo a LA PRENSA que el ambiente para los empleados públicos ha empeorado desde que Murillo emprendió la campaña denominada “Vivir Bien, Vivir Bonito”.
“La situación es lamentable. Ahora, con el programa Vivir bonito, todos los fines de semana es una situación triste. Porque hay que ir a limpiar, pintar cunetas en los barrios. Se pensaba que una vez esporádicamente (lo harían), pero la orientación superior es hasta el 2016”, dijo el empleado público.
“Es una confiscación. No se le puede calificar como un aporte voluntario porque nadie le pregunta a los trabajadores por lo que es una confiscación salarial, es una vergüenza”, dijo la defensora de Derechos Humanos.
Núñez resaltó el contraste entre la retención del tres por ciento con los ingresos de los altos funcionarios gubernamentales y la disponibilidad de recursos que tiene el Gobierno con la cooperación venezolana.
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Agregó que “todos los jueves son escogidos los empleados afectados para esa actividad. Generalmente, van los no sandinistas y asignan comisarios para verificar la presencia mediante lista en mano. Si no se llega, lo más probable sea una buena reprimenda y, si es reincidente, se llega al despido. Así que este es uno de los tantos abusos que existen. También están las cuotas voluntarias de dinero mensual que si no las das, entonces también empiezan a darte seguimiento”.
Somarriba, junto con Carlos Brenes, también despedido de la DGI, confirmaron el cobro de una cuota de sus salarios para financiar actividades del partido sandinista, bajo la advertencia de que si se negaban a entregarla serían despedidos.
Somarriba y Brenes decidieron hablar con LA PRENSA, pese a que todavía mantienen una disputa judicial con la DGI que, luego de despedirlos, no les ha pagado la liquidación establecida de acuerdo con las normativas laborales vigentes. De acuerdo con datos de la Federación de Trabajadores del Servicio Público (Fedetrasep), son casi 900 los empleados de la DGI despedidos con la llegada de Walter Porras como director, muchos de los cuales siguen peleando por sus liquidaciones.
“Yo era dirigente sindical y a mí me llegaban denuncias de los trabajadores diciendo que les estaban haciendo esas deducciones para financiar actividades del partido. Con eso se pagaban el transporte, la música y las camisetas con las que nos sacaban a rotondear o para cualquier cosa política a la que Walter Porras quería que fuéramos”, relató Brenes.
“A ellos les interesaba correr mucha gente, incluso gente sandinista, para meter expolicías y exmilitares y llenar la DGI de puros orejas”, dijo Somarriba.
Los trabajadores fueron despedidos por la administración de Porras en 2008, quien fue el precursor de estas deducciones forzadas en la cartera recaudadora de ingresos.
LA PRENSA publicó ayer un reporte especial en el que revela —con bases en pruebas documentales y planillas de pago— que a cada uno de los 1,625 trabajadores de la DGI se les deduce un tres por ciento de su salario bajo el concepto de “Varias”, que es la forma como se enmascara la cuota obligatoria para el gobernante FSLN.
A la DGI se le pidió desde la semana pasada una postura en relación con estos cobros para actividades políticas, pero no atendió las consultas de LA PRENSA. Luego de la publicación de ayer, la entidad recaudadora de impuestos sigue sin pronunciarse.
“Lo que pasa es que el cobro antes era para aquellos que se decían sandinistas. Walter Porras ya nos tenía identificados a todos. Entonces a los que dijimos que no éramos sandinistas, pues no nos aplicaba el cobro, pero nos terminaba corriendo, como fue en mi caso, que incluso no respetó mi fuero sindical”, añadió Brenes.
“Es que era una especie de obsesión extraña. Walter Porras llegaba a las oficinas diciendo: ‘Aquí hiede a liberalismo’ y toda la gente se preocupaba. Por lo que veo de ese cobro, ahora Martín Rivas (titular de la DGI) se lo está aplicando a todos por igual. Eso violenta los derechos de los trabajadores”, agregó Somarriba.
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