Para evitar la desaceleración o caída en la venta de viviendas nuevas para la clase media, después de las desastrosas inundaciones que sufrieron algunos repartos con las primeras lluvias del año, lo mejor que se debe hacer es indemnizar apropiadamente a las familias que resultaron perjudicadas.
La información y las imágenes de lo que ocurrió la semana pasada en varias urbanizaciones, no son las que proyectan un mensaje negativo y desalentador para nuevos compradores de viviendas, como han dicho miembros de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur). El mensaje negativo lo transmite el hecho mismo —que no puede ni se debe ocultar— de la inundación que sufrieron esos repartos. Y más negativo todavía, es el mensaje que se envía con la falta de respuesta adecuada a la justa demanda de indemnización a las familias afectadas, para las cuales el daño sufrido por sus viviendas, y sobre todo la pérdida de sus enseres domésticos, es un golpe demoledor y doloroso.
Culpar de esas inundaciones a la lluvia y al cambio climático en general, y argumentar que las estructuras físicas de las viviendas no sufrieron mayor daño y eso demuestra que fueron bien construidas, no es convincente ni satisfactorio. Y tampoco resuelve el problema. ¿Acaso las lluvias de la semana pasada fueron como las inundaciones de esta semana en Europa Central?
Pero, aparte de que las personas residentes en los repartos afectados por las inundaciones aseguran que pueden demostrar que sí hay deficiencias estructurales en las viviendas, lo más relevante es que el desastre se debe principalmente a que las urbanizaciones fueron construidas en sitios inapropiados y no se construyeron las obras defensivas para las correntías y los desbordes de cauces aledaños, que eran fácilmente previsibles.
Sería bueno y es necesario que el Cosep y las autoridades públicas correspondientes, con participación de representantes de los residentes de las urbanizaciones afectadas y asistidos por una asesoría técnica independiente, realicen una investigación exhaustiva y creíble de lo que ocurrió y por qué sucedió, a fin de deslindar las responsabilidades que a cada quien correspondan y que los verdaderos responsables paguen por ellas.
Mucho se habla en la actualidad de la responsabilidad social empresarial. Se le pondera como expresión de que el empresariado no solo tiene el legítimo interés por conseguir la rentabilidad de sus empresas y negocios, sino también la vocación de contribuir a mejorar la sociedad, a hacerla más justa, pacífica, segura, amigable y próspera.
Pero la primera responsabilidad social e individual de los empresarios, en cualesquiera de sus giros de negocios, es satisfacer a sus clientes y usuarios; ofrecerles y entregarles productos, bienes y servicios de buena calidad y a precios realistas y honestos; abstenerse de hacer publicidad falsa e inducir a la firma de contratos engañosos; e indemnizar justamente a cada cliente o usuario cuando el producto, bien o servicio brindado resulta defectuoso o inferior a la calidad prometida y pactada.
El apego a esta primordial responsabilidad ética empresarial es lo que hace que la gente confíe en la empresa privada, la cual es superior a la empresa pública no solo porque es más productiva y rentable, sino ante todo porque respeta los derechos de los clientes que son precisamente los que garantizan el éxito empresarial .
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