En las dos últimas décadas la región latinoamericana ha visto proliferar diferentes versiones de regímenes autoritarios que —pese a aparentes y superficiales diferencias— coinciden en un común denominador: control político irrefutable y permanencia indefinida en el poder. Así vemos como desde la Argentina con su modelo K, Venezuela con el Chavismo, Bolivia con Evo, Ecuador con Correa y Nicaragua con el orteguismo, todos en mayor o menor grado, han logrado o se encaminan a lo que Cristina Kirchner durante un acto proselitista en el 2012 sus característicos labios pronunciaron sutilmente la ya célebre y reveladora frase “ vamos por todo por tooodos ”.
Es un modelo que nace de legítimas elecciones presidenciales sucediendo a gobiernos respetuosos del marco constitucional, luego se fortalece por medio de una serie de reelecciones —en algunos casos legítimas y en otros no— y finalmente se consolida cuando el ejecutivo alcanza el dominio indiscutible de todos los poderes e instituciones del Estado. Suele plasmarse en la primera reelección y afianzarse en el transcurso de la segunda.
En algunos casos el “vamos por todo” además de transgredir el marco institucional ha dado origen a una descomposición socioeconómica imperdonable. Tales son los procesos en Argentina y Venezuela, de lejos dos de los países más ricos del continente, con recursos naturales que son la envidia del mundo occidental. El modelo en estos países ha degenerado en una crisis económica y social que cada día se profundiza más, arrastrando consigo violencia, inseguridad, pobreza, inflación, desmoronamiento de la producción, aislamiento internacional, éxodo migratorio y de divisas y otros padecimientos tan comunes en países altamente subdesarrollados.
Hay, sin embargo, otros regímenes con una versión un poco diferente. A pesar del quebrantamiento del marco institucional y de imprudentes políticas exteriores han sabido mantener la armonía con el sector empresarial, han conservado relativamente intactos los programas económicos recibidos de sus predecesores y han sabido aprovechar el amplio control político para ofrecer un ambiente de relativa seguridad y estabilidad social. Esto ha resultado en un robusto flujo de inversión directa extranjera (IDE), crecimiento de las exportaciones, control inflacionario, apoyo de los organismos financieros, aumento de empleo, etc. Nicaragua y Ecuador se identifican más con esta versión.
A Ortega, su experiencia en los ochenta le permitió entender que el inevitable rechazo al síndrome reeleccionista y al modelo “vamos por todo” pueden ser contrarrestados si al sector empresarial no solo se le permite continuar operando y creciendo garantizándole un clima de estabilidad socioeconómica y de seguridad ciudadana (clima improbable en frágiles democracias como son la mayoría de países latinoamericanos), sino que también le reconoce cierto nivel de participación política. Probablemente recordará el caso de Somoza que no fue hasta que la empresa privada se sintió afectada y decidió apoyar al sandinismo que su debacle resultó irreversible.
Este intercambio de acomodaciones entre el sector privado y el Gobierno (estabilidad socioeconómica a cambio de incontestable dominio político) en el caso nicaragüense ha demostrado sido una fórmula que ha producido resultados imposibles de lograr en sus raros intentos de consolidación democrática. Resulta entonces inevitable preguntarse si el “vamos por todo” es realmente el único modelo viable para Nicaragua y/o si ¿llegará algún día el momento en que, a semejanza de países como Chile, Costa Rica y Uruguay, podrá aspirar a progresar sin tener que recurrir a semejante aberración democrática?
El problema con este modelo, tal como lo dijo Lord Acton, es que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Tarde o temprano, el final de la película es siempre el mismo, uno en que la sociedad termina hastiándose y, sin importar las consecuencias, reacciona, en la mayoría de los casos violentamente y con ello, el caos. El autor fue cónsul de Nicaragua en Miami.
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