Elízabeth Romero
“Incluso se han retenido a compañeros en las celdas, sin que se les explique la razón de su detención. Se han llevado computadoras sin dejar siquiera un acta de requisa y esto ha causado problemas en el trabajo, porque ahí están las cuentas de correo electrónico del trabajo y son vitales para el desarrollo de las distintas actividades”, dijo un empleado que solicitó el anonimato.
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El reo guatemalteco Carlos Jhonny González, acusado por falsificación de moneda, sigue detenido, pese a que hace un año un juez de primera instancia lo dejó en libertad. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandó que la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, cumpla con la orden.
Sin embargo, 12 días después de que los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ declararon “ha lugar” el recurso de queja introducido por la defensa de González en contra de la titular de Gobernación, las autoridades siguen sin acatarla.
El director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, expresó que, tras la orden de libertad de primera instancia, los familiares del reo guatemalteco introdujeron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones sin que le hicieran caso. Fue por ello que fueron ante la CSJ, que se pronunció hace 12 días.
La ANPDH aconsejó al abogado de González que interponga una acusación por el delito de secuestro —según lo establecido por el Código Penal— en vista de que el guatemalteco permanece preso en el penal de Estelí, pese a contar con una orden de libertad.
“Están desacatando la autoridad, las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento. Lo tienen retenido, lo tienen secuestrado. Ese es un derecho humano violentado. La libertad se la están coartando, ese es un delito”, sostuvo Petray.
Este es uno de varios casos registrados desde el inicio del año por las tres organizaciones de Derechos Humanos que existen en el país, a las que han recurrido parientes de procesados. Al parecer, las autoridades penitenciarias de Nicaragua no siempre acatan las órdenes judiciales en casos de presos vinculados al crimen organizado.
ntecedentes Las mismas habían sido cuestionadas en días anteriores por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y por el procurador de facto de Derechos Humanos, Omar Cabezas. “Yo sí defiendo a los jueces”, expresó Solís en ese momento.
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