Leónidas Tapia Sánchez
“Hoy en día vivimos en una sociedad subyugada por la violencia, la pobreza, la delincuencia común y organizada, la política, los problemas económicos, entre otros. Lamentablemente tal coyuntura social crea inseguridad jurídica y ciudadana hasta el punto que las víctimas ya no necesariamente sean aquellas que hemos considerado indefensas, sino que también son victimarios.
En Guatemala, a finales de febrero de este año, un niño sicario de 10 años, según testigos, se acercó a un taxista que estaba estacionado, le apuntó con un arma de fuego automática y le disparó en la cabeza, ocasionándole la muerte. Igualmente, en ese mismo país, dos niñas fueron capturadas por haber asesinado a tiros a un hombre de 20 años. Tales hechos dan un espaldarazo al sistema de justicia penal de menores y al sistema educativo guatemalteco, entre otros.
En Nicaragua, hasta el momento casos como estos (niños sicarios) no son comunes, pero existe una gran fragilidad social por tantos niños que trabajan en la calle y que no tienen una familia u hogar que los guíe, ni tienen acceso a la educación. Hasta nosotros como sociedad los proscribimos.
La vulnerabilidad social, educativa y cultural en que se encuentran actualmente los menores en Nicaragua y otros países es alarmante. En Nicaragua, según datos publicados en LA PRENSA, existen aproximadamente 200 mil niños trabajando en la calle (sin tomar en cuenta los que trabajan en zonas rurales). Dichos niños son más susceptibles de volverse delincuentes o víctimas de la delincuencia (trata de personas), por no tener un hogar, un tutor y mucho menos un Gobierno o Estado que se preocupe realmente por ellos a través de políticas públicas concretas.
En Nicaragua, de conformidad al Código de la Niñez y la Adolescencia, toda persona abajo de 18 años es menor de edad para fines de juzgamiento criminal. Un adolescente oscila entre los 13 y los 18 años, y niño, el menor de 13 años. Para aplicar una política al sector, el Estado debería realizar un censo anual para determinar claramente la población de menores en Nicaragua con el objetivo de garantizarles educación integral y de calidad, buena alimentación, techo, entre otros, sobre todo a los que viven en condiciones de pobreza extrema.
Otra política ad hoc sería prohibir que niños trabajen en los semáforos, y castigar con cárcel o multas a sus padres o tutores (si tienen). Si se logra demostrar que dichos niños son explotados laboralmente por ellos, el Estado tendrá la potestad de quitárselos. Para esto, el Estado debe crear más albergues infantiles especializados donde se les garantice la mencionada educación, alimento, estabilidad y seguimiento, o garantizarles hogares sustitutos adecuados. Los recursos se pueden conseguir realizando teletones, con ayuda internacional y con fondos propios del Gobierno.
El Estado, allende de crear leyes, tiene que establecer políticas públicas para la correcta aplicación de dichas leyes. ¿Acaso no hay los suficientes recursos económicos para ayudar a este segmento poblacional?
Como sociedad jurídicamente organizada (Gobierno, empresa privada y población) se puede unir fuerzas para paliar el trabajo y la explotación infantil, que es un problema coyuntural muy arraigado en nuestra sociedad. “El trabajo es duro, pero en conjunto y con voluntad se puede lograr”. El autor es abogado y docente universitario
