Los diputados de la oposición saben muy bien lo que deben hacer en cualquier materia legislativa, puesto que tal es la función para la cual fueron elegidos. Sin embargo, no está de más recomendarles que tengan mucho cuidado en la posición que vayan a adoptar, con respecto a la iniciativa que ha presentado el poder ejecutivo para reformar la Ley de Estabilidad Energética y el Código Penal, con el objetivo de precisar el castigo al delito de robo de energía con penas de multas pecuniarias y condena de uno a tres años de prisión.
Si hubiese en Nicaragua un gobierno transparente, respetuoso del Estado de Derecho, legítimo porque se originó en elecciones limpias y legitimado por su ejercicio democrático, no habría por qué ver con desconfianza ninguna iniciativa de ley presentada por el ejecutivo, función para la cual está debidamente facultado por la Constitución. Pero el régimen de Daniel Ortega no es transparente ni respetuoso del Estado de Derecho ni legítimo de origen —pues surgió de la flagrante violación a la norma expresa de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y por más de dos períodos, y además porque se impuso mediante un fraude electoral—; así como tampoco el régimen orteguista es legítimo de ejercicio, pues durante su desempeño gubernamental, que ya va por dos períodos consecutivos, ha atropellado y erosionado la institucionalidad democrática de la nación.
Por otra parte, es obvio que esta iniciativa de reforma a la Ley de Estabilidad Energética y al Código Penal tiene el propósito —ni siquiera disimulado— de beneficiar económicamente a una empresa en la cual Daniel Ortega y su familia tienen un gran interés particular.
Sin duda que el robo de energía es un delito, el cual, como cualquier otro latrocinio no lo justifica la pobreza ni ninguna otra condición y razón. El robo de energía eléctrica es un problema grave, de consecuencias muy costosas, que afecta a cualquier empresa distribuidora, sea de naturaleza privada, pública o mixta. Y por lo tanto, quienes roban electricidad deben ser castigados de acuerdo con lo que establece la ley y manda la justicia.
Sin embargo, con el régimen actual no hay ninguna garantía de que a todos los ladrones de energía y en particular a los poderosos, que son los más dañinos, les caerá el peso de la ley. Unión Fenosa nunca quiso o no se atrevió —por razones obvias— a dar a conocer la lista de los principales ladrones de energía. Un poderoso miembro de la nueva clase orteguista llegó al extremo de amenazar con un fusil a trabajadores de la empresa de distribución eléctrica, cuando trataban de eliminar una conexión indebida en su residencia (la del militante orteguista). Pero el asunto no pasó a más y la anterior empresa distribuidora afectada por el robo de energía no volvió a querer meterse con los grandotes.
También hay que prever que la acusación de robo de energía podrá ser utilizada como arma de chantaje y represión política. A cualquier activista opositor o periodista crítico que denuncie abusos gubernamentales y actos de corrupción, le podrán hacer una conexión irregular a los cables del suministro eléctrico y luego acusarlo de robo de energía, humillarlo y meterlo en prisión. La oposición parlamentaria, los organismos de derechos humanos, la sociedad civil y la prensa independiente tendrán que estar en alerta permanente.
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