Humberto Galo Romero
La nueva Ley General de Puertos de Nicaragua, Ley 838, es vista con beneplácito por la empresa privada, porque esta legislación le da facultad al sector privado para invertir en el desarrollo de la infraestructura portuaria nacional.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), señaló que eso permitirá al sector “contribuir al mejoramiento de los puertos existentes”. Por ejemplo, mencionó que los privados podrían invertir en áreas de iluminación, o en la construcción de grúas hidráulicas para mover cargas de una manera más rápida.
El representante empresarial destacó el esfuerzo que hizo el Gobierno y la empresa privada para diseñar una ley que favorecerá al comercio nacional y a las exportadoras.
Según Aguerri esta ley incorpora aspectos de la propuesta elaborada por una comisión tripartita sectorial del Gobierno: Empresa Nacional de Puertos (EPN), Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), la Fuerza Naval y la propuesta presentada por el Cosep.
“En el caso del sector privado esta norma jurídica fue también impulsada por la Cámara de Comercio, lo que permitió un proceso amplio de consultas con los principales actores de la cadena logística de puertos”, sostuvo Aguerri.
DEFINE FUNCIONES
En este sentido, el directivo manifestó que además de permitir la inversión privada, esta ley regula de manera clara las funciones de las distintas dependencias públicas involucradas “separando la parte administrativa de la regulación, por ejemplo la EPN tiene como finalidad administrar los puertos públicos y los contratos de los puertos concesionados por el Estado, y la DGTA adquiere funciones normativas y reguladoras en su calidad de autoridad marítima y portuaria”.
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