Rezaye Álvarez M. y Tania Sirias
Unas 300 familias de colonos llegaron a posesionarse de territorio indígena miskito en la comunidad Layasiksa II, ubicada 30 kilómetros al sur de Rosita, denunció el representante legal de esta comunidad, Hilario Thompson.
Además señaló, dentro de la misiva dirigida al Inafor, que en los 30 días transcurridos, las 87 familias miskitas han sufrido persecución y amenazas de muerte, esto sumado a las amenazas hechas a sus 18 líderes comunitarios.
Las familias de invasores, según Thompson, son oriundas del Pacífico y algunos son familiares de mestizos que viven en la región.
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Según Thompson, los colonos a su llegada destruyeron los mojones del Gobierno Territorial Indígena de Prinzu Awajun, se posesionaron de la tierra y realizaron deforestación en área protegida.
Producto de esta deforestación, los comunitarios incautaron 60,000 pies de madera de guapinol, cortés y cedro macho. Esta madera está guardada en un acopio de madera ilegal y, según Thompson, fue legalizada por autoridades del Instituto Nacional Forestal (Inafor) en Rosita.
Es por ello que Thompson, en nombre de los 18 líderes comunitarios de Layasiksa II, dirigió una carta al director general del Instituto Nacional Forestal (Inafor), William Schwartz, para denunciar al delegado de distrito de Rosita, Orlando Arancibia y al delegado municipal Hugo Alfaro, por la legalización de esa madera.
Sigue invasión en Bosawas
El diputado suplente de Yatama, Noé Coleman, denunció que la semana pasada más de 300 familias invadieron la comunidad de Cola Blanca, ubicada en el territorio Mayangna Sauni Arunka.
Coleman, quien visitó el territorio mayangna, confirmó esta invasión y cuestionó: “¿Cuál es la mano dura que iba a poner el Gobierno ante las denuncias que hacen los territorios indígenas?”. El diputado expresó que Cola Blanca es parte de la Bosawas, por lo que hizo un llamado a las instancias del Estado a que actúen con el fin de proteger la reserva de biosfera.
“Pedimos al Gobierno que cumpla con el decreto presidencial y que se ponga mano dura a los invasores, pues si no lo hacen, van a terminar con la reserva. Es preocupante llegar a la zona, porque hace un año atrás, unas 120 familias había invadido y nuevamente vuelven ingresar 300 más, por lo que no hay control de parte de la Policía y el Ejército”, dijo Coleman.
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