El asesor económico presidencial, Bayardo Arce, anunció este martes que sí habrá reforma del Seguro Social este año. Pero precisó el funcionario que la reforma no será por medio de una ley aprobada en la Asamblea Nacional, sino mediante decreto ejecutivo.
También informó Arce, que la reforma del Seguro Social no aumentará la edad de 60 a 65 años para que los trabajadores asegurados tengan derecho a la jubilación, ni la cantidad de semanas cotizadas se doblará de 750 a 1,500, como fue planteado en la propuesta inicial del Gobierno. Sin embargo, según lo dicho por el asesor presidencial el Gobierno considera incrementar las cuotas laboral y patronal, que actualmente son del 6.25 por ciento y del 16 por ciento respectivamente.
Con esa declaración Bayardo Arce desmintió de hecho al jefe de la bancada parlamentaria oficialista, diputado Edwin Castro, quien dos semanas antes había anunciado que no habría reforma del Seguro Social, al menos durante el presente año. Incluso el líder parlamentario orteguista señaló que no veían posible la reforma en el corto plazo, pues la bonanza económica que según él disfruta el país y la mayor afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), le permiten a la institución hacer frente a sus problemas financieros.
Tanto Arce como Castro forman parte de la cúpula del poder orteguista. Por lo tanto, se supone que cuando hablan sobre asuntos gubernamentales lo hacen en nombre del Gobierno, o al menos con el consentimiento de Daniel Ortega y su omnipresente primera dama. En un Gobierno autoritario y centralista como el que impera actualmente en el país, ningún funcionario habla al público sin autorización de Ortega y sobre todo de su mujer, mucho menos a través de medios de comunicación independientes. Recordemos que algunos altos funcionarios con rango ministerial han sido bruscamente destituidos de sus cargos, solo por haber dado al diario LA PRENSA declaraciones relacionadas con sus funciones.
De manera que hay razón para sospechar que la contradicción entre las declaraciones del jefe de la bancada oficialista y las del asesor presidencial sea deliberada, que sea una triquiñuela desinformativa, pues la desinformación es característica de todo régimen autoritario. Pero en todo caso se está jugando con la reforma al Seguro Social, un tema de máxima importancia no solo para los trabajadores, sino también para los empresarios que aportan una cuota considerable a la seguridad social. Y aunque por razones obvias la versión más creíble sea la del asesor económico de Ortega, no se puede descartar que en la reforma que será impuesta por la vía administrativa, la edad y las semanas de cotización para tener derecho a la jubilación serán aumentadas, pero se culpará por ello al Fondo Monetario Internacional.
En realidad, lo único que se ve claro en este enredo del Gobierno es que la reforma del Seguro Social no irá al meollo del problema. Es decir, que no apuntará a recuperar los 600 millones de dólares que el Estado debe al INSS, ni a reducir los gastos burocráticos y sanear el manejo de los recursos financieros del INSS, ni a excluir del sistema de pensiones a quienes no fueron cotizantes del Seguro Social. Y al fin y al cabo, serán los trabajadores y los empresarios cotizantes, quienes tendrán que financiar la superficial pero onerosa reforma orteguista del Seguro Social.
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