Rezaye Álvarez M.
La aprobación de concesiones mineras por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la entrega de ganado a través del bono productivo y que se permita el desarrollo de pequeña minería con cianuro, son parte de las razones por las que el Centro Humboldt estimó que el Gobierno está desarrollando políticas públicas contrarias a la defensa de la Reserva de Biosfera Bosawas.
Para el subdirector de esta organización, Víctor Campos, esta contradicción también queda evidenciada con la reciente creación de dos comisiones, una para el tema de la propiedad de la tierra y otra para detener el avance de la frontera agrícola.
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Esto va en detrimento de la Comisión Nacional de Tierras Indígenas, establecida en la Ley 445 y la Comisión Nacional Bosawas (CNB) derivada de la Ley 407.
En el caso de la CNB, la Ley establece que “será un órgano de consulta obligatoria para el manejo de la reserva”, porque incorpora a los Gobiernos Territoriales Indígenas, a las municipalidades y a los ministerios que atienden estos temas.
Sin embargo para Campos, ambas comisiones “han sido relegadas”. Lo ideal, dijo, sería que se refuerce la institucionalidad y “no crear una nueva, que agrande la burocracia gubernamental”.
Más de un frente
Bosawas con un área de casi 21,000 kilómetros cuadrados, es decir el equivalente al área de El Salvador, representa “los activos ambientales más importantes del país”.
En total, Bosawas está integrada por ocho municipios de Jinotega y la Región Autónoma del Atlántico Norte; además está conformada por seis territorios indígenas (tres mayangnas y tres miskitos) donde conviven “distintas particularidades en dependencia de los lugares”.
Partiendo de estas particularidades y la amplitud territorial, el Centro Humboldt determinó cinco frentes de frontera agrícola activos en la zona núcleo.
El primer frente es Wiwilí, donde se ha logrado frenar un poco el avance; el siguiente frente es Bocay. El tercer frente lo forman Siuna y el Parque Nacional Saslaya, “que es el único territorio propiedad del Estado y ha sido el más intervenido”.
Según el organismo ambiental, esto ocurre porque hay menos posibilidades de protección por ser “casualmente” del Estado, aún cuando solo representa menos de un décimo de la superficie total de la reserva.
El cuarto frente es Waspam y el quinto Bonanza, que son los frentes más activos recientemente.
Ante la denuncia de los indígenas y las observaciones de los ambientalistas, el gobierno inconstitucional de Daniel Ortega comenzó a implementar algunas medidas contra la depredación.
Autorizó el uso de la fuerza mediante el envío de 700 militares del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua y otro tanto de policías, con el propósito inicial de controlar la violencia entre colonos e indígenas.
También creó una comisión de autoridades nacionales para coordinar acciones y aplicar una política de “mano dura” contra personas y organizaciones señaladas de depredar el ambiente.
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