La demanda de pensión reducida

El jueves de la semana pasada, un nutrido grupo de miembros de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM) que reclaman al Gobierno una pensión de vejez reducida, llegaron a LA PRENSA y otros medios de información para pedir respaldo a su causa y anunciar que mañana, martes 14 de mayo, se presentarán de nuevo frente a la casa y despacho de Daniel Ortega, en el reparto El Carmen de Managua, para exigirle que los oiga y resuelva su demanda.

Pero es un hecho que la lucha por la pensión reducida que los adultos mayores vienen librando desde hace ya cinco años, tiene el respaldo de la ciudadanía y los medios independientes, a pesar de que los tranques de calles y rotondas que ellos imponen como forma principal de protesta pública, perjudica y molesta más a los ciudadanos de a pie que a los gobernantes. Para la población, la demanda de pensión reducida y otros beneficios materiales para los adultos mayores que no alcanzaron a cotizar la cantidad de semanas exigida por la Ley, es tan justa como injusto es el régimen de Daniel Ortega, que no ha tenido voluntad para resolver ese reclamo social.

El concepto de pensión reducida está contemplado en la Ley de Seguridad Social, artículo 49, según el cual, al asegurado que ha cumplido la edad de 60 años aunque no haya acreditado un mínimo de cinco años de cotizaciones, se le podrá conceder una pensión reducida no menor del 40 por ciento. Cabe recordar que cuando el FSLN y Daniel Ortega perdieron las elecciones de febrero de 1990, antes de que entregaran el Gobierno dejando al INSS prácticamente quebrado y sus arcas completamente vacías, los sandinistas reformaron apresuradamente el Reglamento de la Ley de Seguridad Social. Y establecieron en el artículo 56 de dicho Reglamento, que el asegurado que hubiera acreditado un tercio del período de cinco años señalado en el artículo 49 de la Ley, “tendrá derecho a una pensión equivalente a dos tercios del salario mínimo vigente en la actividad respectiva, más las asignaciones correspondientes”.

Esa disposición reglamentaria significaba una reforma de hecho a la Ley de Seguridad Social, pero las leyes no se pueden reformar por medio de los reglamentos. En realidad, lo que pretendía el FSLN era perjudicar al Gobierno democrático de la UNO que estaba recibiendo el país en bancarrota, la misma razón por la cual dictaron las leyes de la piñata y otras disposiciones legales y administrativas abusivas, arbitrarias y corruptas.

Sin embargo, si Daniel Ortega y el FSLN hicieron aquella ineficaz reforma del Reglamento de la Ley del Seguro Social , por sensibilidad social y porque querían facilitar el otorgamiento de las pensiones reducidas, ¿por qué no lo hacen ahora correctamente mediante una reforma de la Ley de Seguridad Social, ya que tienen una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional y según las cifras oficiales hay una bonanza económica en el país?

Pudiendo hacerlo fácilmente, si no lo hacen es porque el orteguismo no es amigo sino enemigo de los trabajadores, y porque detrás de la frase solidaria, socialista y cristiana, se oculta un arrogante desprecio por la gente más humilde de la sociedad, como son los adultos mayores que están en el desamparo después de una larga vida de trabajo y sacrificios.

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