El miércoles de esta semana ocurrió algo sin precedente en el gobierno de Daniel Ortega. Ese día, el Procurador General de la República, acompañado por el procurador ambiental, salió de su despacho oficial para dialogar con un grupo de ambientalistas que se manifestaba frente a la sede de la Procuraduría, en Managua, demandando acciones gubernamentales efectivas para detener la destrucción de la Reserva de Biosfera de Bosawas; y que se aplique la ley a los depredadores de ese pulmón de Nicaragua y del mundo, pero no solo a los chiquitos sino también y sobre todo a los grandotes que se amparan a la sombra del poder.
Sería una gran cosa que ese gesto del Procurador, de atender a los manifestantes y dialogar con ellos —lo cual es normal en cualquier país democrático pero insólito donde impera un régimen autoritario, como es el caso de Nicaragua—, obedeciera a un cambio en el modo de proceder del gobierno de Daniel Ortega. O sea, que ahora los manifestantes, como los de la tercera edad que reclaman el pago de su pensión reducida en las inmediaciones de la residencia de Daniel Ortega, serán recibidos por este. Y que lo mismo ocurrirá con todos los ciudadanos que se plantan ante los edificios gubernamentales en demanda de sus reivindicaciones.
Pero la sorprendente atención del procurador general a los defensores cívicos de la Reserva de Biosfera de Bosawas, fue seguramente por la visita a Nicaragua de la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la política y diplomática búlgara Irina Bokova. Antigua comunista, la señora Bokova es ahora una demócrata consecuente y desempeñó un rol muy importante en la transición de Bulgaria, del comunismo a la democracia. Y ha venido a Nicaragua precisamente para conocer la situación de las reservas naturales y sitios culturales protegidos internacionalmente.
De manera que la visita de la señora Bokova es lo que ha motivado al gobierno de Daniel Ortega, a mostrar súbitamente una gran preocupación por la protección de Bosawas, cuya depredación viene siendo denunciada desde hace varios años por los movimientos ambientalistas de la sociedad civil sin que las autoridades gubernamentales les hubiesen hecho mayor caso. Y lo mismo se puede decir de la preocupación que ha demostrado el Gobierno por la Catedral de León, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la misma Unesco, la cual es mantenida bajo asedio por comerciantes informales que son apoyados por la Alcaldía orteguista de esa ciudad, pero fueron retirados en estos días debido a la visita de la señora Bokova.
Durante su visita de dos días a Nicaragua, la directora general de la Unesco se reunió con Daniel Ortega, con el jefe del Ejército y con algún otro miembro del Gobierno, así como también con el obispo de León por el tema de la Catedral. Pero hubiera sido muy importante que la señora Bokova se reuniera también con los ambientalistas de la sociedad civil. Así no hubiera escuchado solo la voz oficial del poder, sino también los sentimientos y las preocupaciones sinceras de los ciudadanos nicaragüenses.
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