El resultado más tangible del primer año del tercer mandato presidencial de Vladimir Putin, que regresó al Kremlin el 7 de mayo de 2012, es el control de una oposición amenazadora que logró movilizar en las calles a cientos de miles de manifestantes.
Esta movilización, saludada en el mundo entero como el nacimiento de una sociedad civil en Rusia, creció al calor de las acusaciones de fraude masivo perpetrado por el partido en el poder, Rusia Unida, en las elecciones legislativas y presidenciales que se celebraron en 2012.
Las protestas alcanzaron un nivel nunca visto desde la llegada al poder de Putin, primero como presidente (2000-2008) y luego primer ministro (2008-2012), ante la imposibilidad de encadenar un tercer mandato presidencial consecutivo. La respuesta del Kremlin no se hizo esperar: allanamientos, detenciones de opositores anónimos o de figuras del movimiento.
Actualmente, una treintena de manifestantes que participaron en las manifestaciones antiPutin en mayo de 2012 y que terminaron con enfrentamientos con la policía esperan juicio y pueden ser condenados a diez años de campo por «participar en disturbios masivos».
Dos líderes de la oposición, el abogado anticorrupción Alexei Navalny y el jefe del Frente de Izquierda Serguei Udaltsov, pueden ser condenados a duras penas. Navalny está siendo juzgado por «malversación de fondos» y se han abierto otras tres causas contra él que podrían suponer una condena de más de 20 años de campo. Udaltsov está en arresto domiciliario en Moscú desde febrero y tiene prohibido usar el teléfono e internet. Está acusado de «participar en disturbios masivos» y puede ser condenado hasta diez años de cárcel. Las actividades de su movimiento, el Frente de Izquierda, fueron suspendidas en abril por tres meses por «infracción a la ley sobre asociaciones».
La oposición y los interesados dicen que son víctimas de las maniobras políticas gestadas desde el Kremlin para acallar cualquier protesta, de hecho el movimiento está prácticamente muerto. «No queda nada del movimiento de protesta. No hay movilizaciones por el caso Navalny», dice la politóloga Maria Lipman, del centro Carnegie en Moscú. «Rusia se ha convertido en un estado policial. Y esta tendencia va a reforzarse», agrega, interrogada por AFP. Para la antigua disidente soviética Liudmila Alexeeva, «asistimos, desde el inicio del tercer mandato de Putin, a un golpe de estado anticonstitucional».
Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron en abril informes muy duros sobre Rusia. Amnistía habló de «caza de brujas» contra la oposición y Human Rights Watch afirma que la sociedad civil en Rusia sufrió en 2012 con Putin la peor represión desde la caída de la URSS en 1991. Las dos ONG también denunciaron la adopción de nuevas leyes que limitan las libertades y una campaña contra las ONG que no eran del agrado del Kremlin que estaban apoyadas financieramente desde el extranjero.
Las autoridades rusas exigen que las ONG que se benefician de financiación externa y tengan «una actividad política», una fórmula imprecisa, se inscriban en un registro de «agentes del extranjero», a lo que se niegan las ONG acusadas.
En un intento de responder a esas críticas, Putin dijo la semana pasada en su tradicional sesión de preguntas y respuestas con la población rusa que en su forma de gobernar «no hay ningún elemento estalinista», sino que se trata más bien de imponer «orden y disciplina».
La Unión Europea y Estados Unidos han criticado las medidas adoptadas contra la oposición y las ONG, pero «la reacción de dirigentes occidentales no impresiona demasiado» al Kremlin, dice Lipman. Con Estados Unidos, las relaciones se han visto empañadas desde el regreso de Putin al Kremlin, sobre todo por las críticas sobre la situación de los derechos humanos, más que por las divergencias sobre otros asuntos, como por ejemplo, el conflicto en Siria.
A finales de 2012, Moscú prohibió la adopción de niños rusos por estadounidenses en represalia por la publicación en Estados Unidos de la 'lista Magnitski', que da a conocer los nombres de los responsables rusos implicados en la muerte del abogado Serguei Magnitski en una cárcel en Moscú.
Las autoridades rusas están ahora preocupadas por los preparativos de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sotchi, en febrero de 2014, un acontecimiento que pretende contribuir al prestigio del país, así como el Campeonato del Mundo de Atletismo en agosto, en Moscú.
Esto deja en segundo plano las preocupaciones de los economistas que recuerdan la desaceleración del crecimiento en Rusia y temen una recesión. Aunque Putin también habla ya de «señales alarmantes» observadas en la economía rusa.
