Temen caos en Rancho Grande

Cuando amanece, los comerciantes se instalan en los tramos que conforman el improvisado mercado, alrededor de la blanca iglesia parroquial en el pintoresco poblado de Rancho Grande, cabecera del municipio homónimo en el departamento de Matagalpa.

Buses y camiones usados para el transporte colectivo estacionan ahí, en la calle principal del pueblo donde viven aproximadamente 2,500 personas. Todo parece tranquilo, pero la polarización política se agudiza cada día porque a través de mecanismos que incluyen amenazas y chantajes, el partido del inconstitucional presidente Daniel Ortega pretende el poder absoluto en la municipalidad.

Cada mañana, Juan Francisco Rodríguez limpia las calles del pueblo. Uniforme naranja, este hombre de 71 años y de habla pausado señala que en los últimos días, varios empleados de la municipalidad han renunciado o los han despedido. “Solo espero que me corran, porque soy liberal… me han llegado rumores de eso”, cuenta Rodríguez al tiempo que recoge basura en una carreta.

Creado oficialmente en 1989, el municipio había sido gobernado solo por alcaldes liberales. Tras las cuestionadas elecciones municipales del año pasado, la orteguista María Isabel González Amador fue designada alcaldesa y Juan Zeledón —quien quería ser alcalde— tuvo que conformarse con la vicealcaldía.

Los cálculos salieron mal para el oficialismo, porque con la alcaldesa y el vicealcalde apenas suman 11 votos en el Concejo, mientras que los opositores Partido Liberal Independiente (PLI) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con diez y dos concejales, respectivamente, tienen mayoría con 12.

Como los liberales se unieron para escoger entre ellos al secretario del Concejo y a quienes presidirían las diversas comisiones municipales, la alcaldesa se ha negado a la conformación oficial del gobierno municipal, relata el exalcalde Alfredo Zamora, coordinador municipal y concejal suplente por el PLI.

SACERDOTE DENUNCIA CHANTAJES

“El sacerdote Pablo Espinoza, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, señala que el orteguismo ha estado presionando hasta caer en el chantaje. “Yo soy uno, a mi celular hay llamadas anónimas y mensajes”.

Según el sacerdote, los chantajes son también contra “personas de mucho prestigio… son métodos usados en otros pueblos, la gente lo sabe y por eso se aparta”.

“Un pueblo por historia y naturaleza aguanta y aguanta, pero no va a aguantar toda la vida. Ese es el temor a una explosión social y es a lo que no queremos llegar. Como lo dije una vez respecto de la minería: no tenemos más arma que la fuerza de nuestro corazón para amar y defender estas tierras”, sostiene el padre Espinoza.

Agregó: “Me da pesar cuando veo a los antimotines acá porque nunca en la historia de Rancho Grande se han visto antimotines que vienen dispuestos, no a poner el orden sino a defender a un sector… y esta gente es muy pacífica y trabajadora y creo que lo que hace falta es una política de oportunidades”.

DESPIDEN A LIBERALES

Noel Pineda Blandón espera para abordar el bus en el que irá a Matagalpa. Él era fiscal del módulo de construcción de la Alcaldía, pero el 9 de abril recibió una carta de González cancelándole la relación laboral con la Alcaldía.

“Me despidieron y no supe el motivo”, cuenta Pineda, señalando que hasta ahora no le han pagado la liquidación “aunque me dijeron que está en proceso y que si quería que me saliera rápido entonces que hiciera una carta de renuncia”.

Mientras tanto, temiendo que lo despidieran, Julio César Iglesias López renunció a su puesto en la planta de tratamiento del agua potable en Rancho Grande. Este martes será su último día laboral y dice que igual decisión han tomado alrededor de 16 empleados de la Alcaldía.

Arnulfo Guzmán Briones, concejal opositor y residente en Caño Blanco, sostiene que con la actitud del orteguismo “los proyectos no llegan a las comunidades y la población está sufriendo… falta electrificación, se requiere mejorar el proyecto de agua potable en Kuskawás que yo creo que ya colapsó”.

LA PRENSA intentó hablar con el secretario político municipal del orteguismo, pero este se excusó apuntando que iba saliendo hacia una comunidad.

RECIBEN TRANSFERENCIAS

Este mes, la Alcaldía recibió la primera partida de las transferencias municipales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Son más de nueve millones de córdobas que serían invertidos principalmente en reparación y mantenimiento de caminos, asegura la fuente que pidió anonimato porque “no tenemos autorización en el partido para dar entrevistas”.

Aunque existe una oficina de acceso a la información pública, inaugurada en 2011, ha estado cerrada desde que el orteguismo se hizo con la Alcaldía. Por eso tampoco ha sido posible obtener información por esa vía.

“La persona que estaba a cargo ya no siguió, el porqué, no lo sé, pero no quedó nadie a cargo de esa oficina… era útil porque se preguntaba sobre lo que estaba en desarrollo en el municipio, los proyectos anteriores y los venideros”, sostiene Uriel Zeledón, habitante del pueblo.

COMERCIO AFECTADO

Leonel Antonio Siles, dueño de una tienda en el pueblo, opina: “Aquí la institucionalidad está siendo violentada y eso viene afectando la economía porque los comercios están paralizados”.

Siles agregó que desde enero las ventas han decrecido en más del cincuenta por ciento y ahora la Dirección General de Ingresos (DGI) ha notificado a los comerciantes que deben pagar más impuestos. Quienes se identifican como opositores creen que se trata de mecanismos de presión de parte del orteguismo y prefieren omitir sus nombres porque temen más represalias. Pero quienes se llaman sandinistas defienden que las cargas tributarias notificadas son acordes con los niveles comerciales de los establecimientos. Tampoco brindan entrevista para “evitar enemistades” con otros comerciantes.

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