El presidente de Méjico, Enrique Peña Nieto, hizo lo que la mayor parte de los líderes políticos no se atreven: agarrar el toro por los cuernos. Antes que él, muchos políticos mejicanos, al igual que muchos otros del continente, venían hablando de la necesidad impostergable de mejorar la educación. Pero ninguno se había atrevido a reconocer que uno de los obstáculos más grandes para lograrlo es la actitud de los sindicatos magisteriales.
Tanto en Méjico, como en la mayor parte de América Latina, e incluso en países desarrollados como Estados Unidos, el magisterio organizado exige mayores salarios, pero abomina todo lo que huela a evaluaciones, pagos vinculados al mérito, y posibilidad de despido. Apoyado en el poder que les da el número —es el sector más numeroso de empleados públicos— y en la timidez de los gobiernos, sus sindicatos han hecho de la estabilidad laboral y la rigidez salarial su principal bandera. Y lo han logrado. Por incompetente que sea un maestro, casi no hay ministerio de Educación que ose despedirlo. El mérito no juega ningún papel en sus remuneraciones. Solo pesan los años de servicio y, en mucha menor escala, los títulos y puntos por capacitaciones acumuladas.
Esta política ha fomentado la mediocridad y contribuido a socavar el prestigio de la profesión docente. Difícilmente puede mejorarse la enseñanza si es tabú evaluar la calidad de quiénes la imparten. Difícilmente se cultiva la excelencia cuando el maestro faltón e ineficiente reciba la misma recompensa que el cumplido y competente. No es por eso casualidad que países que han aumentado significativamente las remuneraciones docentes no hayan logrado cosechar mejoras apreciables en la calidad educativa.
Recompensar en proporción al mérito no es solo un principio básico de la buena administración sino una exigencia de elemental justicia. Peña Nieto lo vio así y procedió a plasmarlo en una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de las evaluaciones docentes. “El mérito profesional”, anunció, “será la única forma para ingresar o ascender en el sistema educativo”.
Como era de esperarse su decisión ha producido una explosión de resistencia en algunos sectores magisteriales. Curiosamente, el líder de las protestas no ha sido el poderoso sindicato SNTE, cuya principal dirigente Elba Esther Gordillo fue acusada de extraer de sus jugosas arcas doscientos millones de dólares, sino gremios menores a nivel de estados o municipios. Apelando a los cócteles Molotov, turbas violentas de maestros han manifestado su determinación a no ser evaluados. Los pretextos que esgrimen son absurdos: que el presidente busca privatizar la educación o que esta dejará de ser gratuita. En el fondo es puro terror a perder la comodidad de salarios que, aunque bajos, son vitalicios y no exigen desempeño profesional.
Ojalá que el presidente Peña Nieto se mantenga firme. Solo así podrá cambiar a Méjico y dar un ejemplo a sus colegas del área. Ojalá que también penetre, tanto en el magisterio como en el resto de la sociedad, el convencimiento de que es importante evaluar el desempeño y recompensar el mérito.
En la Semana de Acción Mundial por la Educación, que culminó ayer, se propuso que el salario del magisterio crezca 19 por ciento cada año. La meta es excelente. Pero nadie propuso vincular dichos aumentos al desempeño. Si lo que se busca no es solo mejorar el nivel de vida de los maestros, sino el de la enseñanza que reciben los niños —que al fin y al cabo es la meta más importante— pagar mejor al que mejor enseña es un paso justo e indispensable. Para eso hay que evaluar.
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación.
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