El poder contra la sociedad civil

El régimen orteguista es marcadamente hostil a la sociedad civil, a la que mira quizás como una amenaza para su proyecto de imponer una dictadura familiar y dinástica.

La hostilidad comenzó en 2007, cuando Ortega reconquistó el poder gracias al pacto con Arnoldo Alemán. Y se ha manifestado de múltiples maneras, incluso con acusaciones de lavado de dinero, amenazas de someterlas o liquidarlas por medio de una ley draconiana y, sobre todo, presionando a los donantes para que les corten el financiamiento o se lo reduzcan al mínimo.

En lo que va del corriente año la campaña orteguista contra la sociedad civil se ha reactivado, a juzgar por la denuncia del Centro de Estudios Internacionales (CEI) de que el régimen, por medio de su viceministro para la cooperación externa, ha obligado al Gobierno de Noruega, a suspender un financiamiento vital para esa ONG que es dirigida por Zoilamérica Ortega Murillo, la hijastra de Daniel Ortega. También el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, ha denunciado que sus fuentes de financiamiento se han reducido dramáticamente por las presiones del régimen orteguista, el que además los acosa por otros medios como, por ejemplo, imponerles multas del Seguro Social porque no inscriben a los colaboradores voluntarios de dicha organización humanitaria.

En el caso del CEI, al parecer las presiones gubernamentales tienen también un mezquino tinte de venganza y persecución personal contra Zoilamérica, a quien no le perdonan que acusara a su padrastro por violaciones sexuales desde cuando era una niña. Pero lo cierto es que prácticamente todos los organismos independientes de la sociedad civil están sometidos a la presión —o mejor dicho, a la represión— del orteguismo, aunque muchos de ellos no la denuncien por diversas razones, ya sea que consideren que no ganarían nada con denunciarla, o por temor a perder los escasos financiamientos externos que todavía reciben, los cuales les permiten sobrevivir aunque sea en condiciones de penuria, con la esperanza de que vengan tiempos mejores.

Pero es lógico —aunque inaceptable, porque se trata de una arbitrariedad política— que el régimen de Ortega sea hostil a la sociedad civil y que quiera exterminar a sus organizaciones independientes. La sociedad civil es uno de los dos pilares que sostienen a una sociedad democrática, el otro es el sistema pluralista de partidos políticos que garantiza el derecho de participar en elecciones libres y limpias y optar al ejercicio del poder.

Un gobierno que se ajusta a las normas de la democracia garantiza la libre actividad de la sociedad civil, y promueve su desarrollo y fortalecimiento, porque es un complemento fundamental para el diseño y la ejecución de las políticas públicas que apuntan al bienestar general. Pero este no es el caso de Nicaragua, porque el Gobierno de Daniel Ortega no es genuinamente democrático.

Los partidos políticos que se definen por la democracia, no importa su fuerza o debilidad, deberían cerrar filas con la sociedad civil en la defensa de los espacios de participación democrática que aún quedan, pero que poco a poco van siendo cerrados por el orteguismo. Ellos no deberían ver a la sociedad civil como una competencia por los cargos públicos, sino como un indispensable aliado en la lucha por la recuperación de la democracia.

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