Elízabeth Romero
Las restricciones al derecho de los ciudadanos a votar, así como la corrupción generalizada en instituciones del Estado entre ellos la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y otros órganos de Gobierno, son entre otros los abusos cometidos en Nicaragua señalados por el Departamento de Estado de EE. UU., en su informe anual.
Entre las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses también menciona la violencia social, en particular contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual.
En su informe anual 2012, Estados Unidos resalta que en los últimos años en Nicaragua el poder político se ha concentrado en un solo partido, con un ejecutivo cada vez más autoritario.
Al tiempo que recuerda que observadores internacionales y nacionales apreciaron “graves deficiencias” en los comicios en los que fue reelecto el presidente inconstitucional, Daniel Ortega, en noviembre de 2011. Y señalaron graves fallas en las elecciones municipales de noviembre de 2012.
Resalta el tratamiento diferenciado con que la Policía reaccionó a protestas de la oposición, después de las cuestionadas elecciones municipales de noviembre pasado como sucedió en Nueva Guinea y Ciudad Darío.
A su vez, el informe resalta que en 2012 fue observado el hacinamiento en las cárceles, detenciones preventivas arbitrarias y prolongadas, erosión del derecho a la libertad de expresión y prensa, intimidación y acoso del Gobierno a medios y periodistas independientes, violaciones al derecho sindical, tráfico de personas, discriminación a minorías, discapacitados y personas con VIH y Sida.
Destaca que durante el año hubo numerosas denuncias de tortura por parte de agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), especialmente durante los arrestos de casos relevantes relacionados con el crimen organizado. Señala el documento que el Gobierno rara vez tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron los abusos, ya sea en los servicios de seguridad, o en otras partes del Gobierno. Y refiere que la impunidad siguió como un problema generalizado.
En lo que respecta al sistema judicial menciona que aunque la ley establece un poder judicial independiente, en la práctica no funciona así. Los nombramientos se dan basados en la influencia personal o por afiliación política. Y una vez nombrados muchos jueces son sometidos a presiones políticas y económicas que comprometen su independencia, destaca el informe.
Y como ejemplo expone que en febrero del año pasado un tribunal le impuso penas de tres años de cárcel a los autores de la matanza de El Carrizo, hecho que varios observadores lo consideraron por motivaciones políticas y que fue perpetrado por miembros del partido FSLN contra los partidarios de la oposición dos días después de las elecciones nacionales.
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