Washington/EFE
Estados Unidos alertó hoy sobre los altos niveles de impunidad, la corrupción generalizada, particularmente en la Policía, la debilidad de las instituciones judiciales y la mala situación de las cárceles en los países de Centroamérica.
En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, relativo a 2012, el Departamento de Estado destaca que en Honduras «la corrupción y la impunidad impiden la efectividad de la Policía», así como que en Nicaragua hay un poder ejecutivo «cada vez más autoritario».
HONDURAS
Entre los problemas «más serios» en Honduras, el informe cita «los asesinatos ilegales y arbitrarios por parte de la policía y de otros, la corrupción y debilidad institucional del sistema de justicia, y las duras condiciones carcelarias, que en ocasiones amenazan la vida» de los presos.
«El Gobierno dio pasos para perseguir y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos. Sin embargo, la corrupción y la impunidad fueron problemas serios que impidieron la efectividad de la Policía Nacional», indica el informe.
El Departamento de Estado también destacó los «informes de asesinatos» relacionados con «disputas sobre la tierra» en la zona del Bajo Aguán, además de la violencia contra presos, las largas detenciones previas a un juicio y la falta de debido proceso, el «acoso a periodistas» y «la violencia contra las mujeres».
Subraya además la corrupción en el Gobierno, «el tráfico de personas, la prostitución y el abuso de niños, el trabajo infantil y la ineficaz aplicación de las leyes laborales; y destaca la presencia de «elementos criminales organizados», que cometieron asesinatos, extorsión, secuestros, tortura y tráfico de personas.
NICARAGUA
En los últimos años, «el poder político se ha concentrado en un sólo partido, con un Ejecutivo cada vez más autoritario» en Nicaragua, según el informe, que recuerda que observadores externos han visto «graves deficiencias» en los comicios en los que fue reelegido el presidente inconstitucional Daniel Ortega en noviembre de 2011.
Los principales abusos a los derechos humanos en 2012 fueron restricciones al derecho al voto, «corrupción generalizada», incluido en la policía, el Consejo Superior Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia y otros órganos gubernamentales; y la violencia social, en particular contra la comunidad homosexual.
También hubo hacinamiento en las cárceles, detenciones arbitrarias, «erosión del derecho a la libertad de expresión y prensa», intimidación y acoso del Gobierno a medios y periodistas independientes, tráfico de personas, discriminación a minorías, discapacitados y personas con HIV y Sida.
«La impunidad siguió siendo un problema generalizado» en Nicaragua, donde el Gobierno «rara vez dio pasos para perseguir a los funcionarios que cometieron abusos», alertó el informe.
GUATEMALA
Sobre Guatemala, el Departamento de Estado subraya la «corrupción generalizada institucional», particularmente en los sectores policial y judicial, la participación policial en «delitos graves como ejecuciones extrajudiciales, secuestro, narcotráfico y extorsión» y los muchos casos de violencia contra las mujeres.
Una parte «considerable» de la violencia se atribuyó a pandillas y organizaciones de narcotráfico, pero «la corrupción y la inadecuada investigación y persecución de esos crímenes hizo que fuera difícil atribuir los delitos» a sospechosos concretos.
Los maltratos efectuados por miembros de la Policía Nacional Civil, las detenciones arbitrarias, el «fracaso del sistema judicial a la hora de asegurar investigaciones completas y juicios justos», la falta de protección a testigos y funcionarios judiciales, los asesinatos contra periodistas y sindicalistas y la explotación sexual de niños son otras violaciones que detecta el informe.
EE.UU. valora la cooperación del Gobierno de Guatemala con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU y felicita a las autoridades por sus esfuerzos para perseguir a funcionarios que cometieron abusos, pero considera que «la impunidad sigue siendo generalizada».
EL SALVADOR
En cuanto a El Salvador, uno de los principales problemas fue la «corrupción generalizada», particularmente en el sistema judicial.
La «debilidad en la Justicia y en las fuerzas de seguridad» llevó a un alto nivel de impunidad, asegura el informe, que también denuncia la violencia y discriminación contra las mujeres, condiciones de reclusión duras, peligrosas y de hacinamiento, abuso y prostitución infantil y trata de personas.
«Aunque el Gobierno tomó medidas para despedir a algunos funcionarios que han cometido abusos en el sistema penitenciario y la Policía, la impunidad persiste», anota el Departamento de Estado.
COSTA RICA
Sobre Costa Rica el informe hace hincapié en las «duras condiciones carcelarias» y el tratamiento a prisioneros, en los retrasos en el proceso judicial y la explotación sexual de menores de edad; además de en la violencia doméstica contra mujeres y niños, trata de personas y la discriminación por orientación sexual.
Según EE.UU., el Gobierno costarricense «tomó medidas para enjuiciar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos», pero «la impunidad aún existe».
PANAMÁ
El informe subraya las «duras condiciones» de reclusión, la «ineficacia judicial», los ataques a la libertad de expresión y la discriminación contra diversos grupos e individuos, incluyendo casos de violencia, en Panamá.
Otras violaciones a los derechos humanos en 2012 incluyen detenciones prolongadas previas a un juicio, violencia contra mujeres y niños, conflictos con indígenas por la tierra, trata de personas y trabajo infantil.
El Gobierno «persiguió activamente pocos casos de corrupción o abuso de autoridad por parte de funcionarios gubernamentales, lo que dejó una percepción generalizada de impunidad», agrega el informe.
