Martha Vásquez y Rezaye Álvarez
El magistrado de facto Armengol Cuadra, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dijo esta semana que ya informó a Gobernación y a la Fiscalía sobre 42 sentencias que estaban siendo cuestionadas de “arbitrarias” a favor de narcos y que todas están “apegadas a derecho”.
“Se les mandó un informe donde se le daba respuesta a cada uno de los casos donde los jueces actuaron con todo el fundamento legal para dictar esas resoluciones. Por tanto, esas órdenes de libertad estaban adecuadas y ya se han ido cumpliendo”, dijo Cuadra.
Según Cuadra, lo que se encontró en las sentencias, tildadas de “arbitrarias” por la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, fueron situaciones de adecuación de pena al nuevo Código Penal que estaban pendientes y, además, beneficios que los privados de libertad ya habían adquirido antes que entrara en vigencia la Ley 745 o Ley de Ejecución de la Pena, norma que niega el beneficio a procesados por droga.
“Por ejemplo, el reo ya había trabajado dentro del sistema penitenciario, para abonar al dos por uno a su pena y lo justo es que se le aplique, porque lo hizo antes de que entrara en vigencia la Ley 745”, agregó el funcionario.
Los magistrados de facto Rafael Solís y Juana Méndez, también miembros de la Sala Penal, dijeron que, con base en lo encontrado en las sentencias revisadas, la Sala realizó una circular donde hacen ciertas puntualizaciones para recordarle al juez la aplicación de la ley, solo falta que sea aprobada por Corte Plena.
Con el fin de continuar aplicando la ley a los privados de libertad y despejar las distintas cárceles, el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema, acordó con autoridades universitarias que los estudiantes de cuarto y quinto año de derecho estudien al menos 700 expedientes de reos con delitos menos graves para tramitar su libertad.
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