Ahora que el régimen comienza a dar manotazos como los del Acuerdo Administrativo de Telcor, el ente regulador de las telecomunicaciones, empiezo a ver rostros “de circunstancias” en algunas personas.
Es cierto que este es solo un manotazo. Probablemente a la inmensa mayoría de los nicaragüenses les venga flojo que el régimen tenga la potestad de vetar a un alto cargo de una empresa de telecomunicaciones, como lo deja implícito el mencionado acuerdo.
Sin embargo, muchos “de pronto” se han dado cuenta que el cuentecito de la “alianza” solo ellos se lo creían porque en realidad no puede haber alianza entre dos partes que no tienen el mismo peso.
Sigamos con el tema de Telcor. Se han alzado voces de protesta porque es una intromisión del Estado en la contratación de funcionarios claves de las empresas privadas de telecomunicaciones. Pero aún más grave que eso es el hecho de que la facultad que Telcor se ha autorrecetado conduce a la posibilidad de que la privacidad de las conversaciones telefónicas pase a ser un derecho en extinción y también las comunicaciones vía internet; y que la precaria independencia que aún existe en algunos medios de comunicación televisivos o la radio desaparezca por completo.
Y entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano para defenderse ante esta situación? La ley indica que los afectados pueden recurrir ante el mismo director que tomó la decisión para que la “revise”. Habría que ser muy incauto para tener esperanzas de que esa “revisión” va a revertir el acuerdo. ¿Qué más se puede hacer? Recurrir ante el superior del funcionario, o sea el presidente inconstitucional Daniel Ortega. Tampoco hay muchas esperanzas allí porque el propio director de Telcor ha dicho que la orden de emitir el acuerdo vino del mismísimo Daniel Ortega, que se eligió violentando la Constitución y muchos —la mayoría debería decir— guardaron un silencio cómplice cuando eso sucedió.
¿Algo más queda por hacer? Bueno, se puede recurrir ante el poder judicial para que falle en contra del Inconstitucional y su funcionario y les ordene echar al cesto de la basura el acuerdo porque viola un buen número de artículos constitucionales, pero, ¿alguien espera que esa Corte compuesta por magistrados de facto que le deben al Inconstitucional el salario que hoy ilegalmente devengan falle en contra de su benefactor? Sin embargo, cuando esos magistrados estaban cayendo en la ilegalidad muchos —la mayoría debería decir— guardaron un silencio cómplice también.
Entonces, tal vez se puede ir a la Asamblea Nacional para que mediante una interpretación auténtica de la Ley le deje claro al ejecutivo que no tiene facultad de emitir ese Acuerdo. Pero, ¿acaso el régimen no tiene 63 de un total de 90 diputados? Una mayoría aplastante que cuando la adjudicó el Consejo Supremo Electoral, ilegal y corrupto, muchos —la mayoría debería decir— guardaron un silencio cómplice también.
La mayoría calló mientras el régimen consolidaba su control absoluto del poder. Ahora que el régimen pisa callos fuera del ámbito político, los pisados empiezan a quejarse, pero ¿de qué les sirve si ya no tienen ante quién recurrir? Si acaso el acuerdo es revertido, será una graciosa concesión del régimen, que sin duda algo cobrará por otorgarla, pero no por respeto a la Ley o a la ciudadanía.
Una y otra vez a lo largo de nuestra historia los nicaragüenses hemos permitido la concentración del poder que inevitablemente lleva a la tiranía.
Poco a poco, a medida que vayan siendo afectados por las medidas arbitrarias del régimen y que se den cuenta que no tienen ninguna defensa ante las mismas, los nicaragüenses entenderán las consecuencias de haber dejado morir la República, cuya primera característica es el equilibrio del poder que toma la forma de la división de poderes, lo que hace posible que funcionen los pesos y contrapesos en un Estado.
Los nicaragüenses no le damos importancia a eso y con esa actitud dejamos el camino abierto para que la tiranía avance mientras guardamos un cómplice silencio, hasta que los callos que pisan son los nuestros.
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