El Acuerdo Administrativo 005-2013 de Telcor, mediante el cual ese organismo del Estado pretende intervenir en el nombramiento de los gerentes o directores de informática y sistemas de seguridad de las empresas privadas de telecomunicaciones, es flagrantemente inconstitucional. Viola cuando menos ocho artículos de la Constitución que garantizan derechos y libertades de los ciudadanos y de la empresa privada.
Además, como precisó para los lectores de LA PRENSA el experto y catedrático constitucionalista independiente Gabriel Álvarez, en declaraciones publicadas en nuestra edición del pasado viernes 5 de abril corriente, por medio de la aplicación de ese acuerdo administrativo de Telcor el Gobierno autoritario de Daniel Ortega podría ejercer espionaje informático en contra de los ciudadanos nicaragüenses. “La regulación jurídica (de Telcor) lo que está haciendo es inmiscuyéndose en un ámbito en el que, indirectamente, se puede estar espiando las comunicaciones de los ciudadanos”, expresó el jurista Álvarez.
De manera que con toda razón y firmeza la pretensión gubernamental de determinar por medio de Telcor quienes deben o no ejercer los señalados altos cargos ejecutivos en las empresas privadas de telecomunicaciones, ha sido rechazada al unísono por las dos grandes cámaras empresariales del país, Amcham y Cosep.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, fue muy claro al señalar que el Estado no puede ni debe inmiscuirse en el nombramiento de funcionarios del sector privado que son pagados por la misma empresa privada. Al respecto el mencionado líder empresarial expresó categóricamente: “No tiene por qué el Estado venir a decidir quién va a ser el gerente de una empresa privada. Repito, no tiene el sector privado tampoco por qué decidir quién va a ser el ministro o quién va a ser el director de un área o de un ministerio, a pesar de que el sector privado sí paga los salarios de los funcionarios públicos y el sector público no paga los salarios de los privados”.
En el aberrante acuerdo administrativo de Telcor se pretende justificar su intromisión en el nombramiento de los gerentes o directores de informática y sistemas de seguridad de las empresas privadas de telecomunicaciones, con el cuento de que es “en función del bien público”. Pero el que define el “bien público” es el mismo Telcor, y en todo caso el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega, cuyos antecedentes y propósitos dictatoriales son muy conocidos y claros. Para el orteguismo, el bien público o el interés nacional es ante todo su permanencia indefinida en el poder, a cualquier costo, según lo dijo en una ocasión el finado comandante sandinista Tomás Borge y lo repiten a sus bases los funcionarios del Gobierno y cuadros del FSLN.
Las organizaciones empresariales deben mantener con firmeza su defensa del derecho y la libertad empresarial, que en este caso es también la protección de los derechos y libertades individuales de todos los nicaragüenses. Y los diversos sectores democráticos del país, políticos y sociales, tienen que cerrar filas con el Cosep y Amcham en el rechazo a ese inaceptable acuerdo de Telcor, que además de fascistoide es groseramente inconstitucional.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
