Ramón H. Potosme
El precio del combustible no debería ser el más alto de Centroamérica si el país gozara de los beneficios de la cooperación venezolana, señalan el diputado Carlos Langrand y el especialista en temas energéticos, Oscar Carrión.
Ambos se mostraron a favor de que haya una regulación si la estructura de costos de los combustibles está alterada. Ello implicaría conocer los márgenes de ganancia desde la importación, almacenamiento, refinamiento y distribución.
Para Langrand, es el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) quien debe hacer un estudio de esos costos y ofrecerlos para que se tomen acciones, ya sea una regulación o un subsidio, cuyos fondos para este último salga de la cooperación venezolana.
Ante el tema de la regulación, las estadísticas del INE revelan que los combustibles regulados como el Gas Licuado de Petróleo han sufrido bajas de acuerdo con el precio internacional de petróleo, pero no ha ocurrido lo mismo con el precio del combustible, que no es regulado.
En el 2008, cuando el precio del combustible alcanzó su récord de los últimos años al valer 147 dólares el barril, el cilindro de gas de 25 libras costaba 301 córdobas.
En marzo del 2013, el mismo cilindro vale oficialmente 252 córdobas y el barril del crudo se cotiza en 97 dólares. Es decir, hubo una reducción de 49 córdobas en el tanque de gas, y 50 dólares menos en el valor del crudo.
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“El precio del combustible tiene una incidencia directa en la estructura de costos de la economía y resta competitividad. Todos estamos claros que es el más alto de Centroamérica. La estructura de costos debe ser revisada y es el Estado quien está en todos los eslabones de la cadena. No puede el Estado decir que está sujeto a la oferta y demanda porque no es un mercado libre”, dijo Langrand, quien recordó que no se puede importar petróleo si no es de Venezuela.
Mientras Carrión se muestra a favor de una regulación tal como sucede con el Gas Licuado de Petróleo (GLP), que tiene el mismo insumo. Ello a pesar, según Carrión, que los costos de producción sean distintos, pues ambos están sujetos al precio internacional del crudo.
Según Carrión, esa regulación no será imposición de precios sino de acuerdo con varios parámetros, entre ellos el precio internacional del petróleo. Considera que ese método deberá tomar en cuenta los indicadores para el establecimiento de los precios antes del 2008, fecha en que a su juicio inició una distorsión de los precios.
CONOCER VALOR DE COMPRA
Langrand señala que uno de los puntos más importantes es que se dé a conocer el precio de compra del barril de petróleo de parte de Nicaragua hacia Venezuela, puesto que no se puede tomar como referencia el precio del West Texas Intermediate (WTI) o el precio internacional de Venezuela, porque está inmerso en un acuerdo y hay financiamiento. Las condiciones y el dato específico se desconocen, según Langrand. Además el precio podría ser mayor al precio internacional de Venezuela, ya sea por el crédito a largo plazo o más barato si se comprara de contado.
“La madre del cordero inicia en los precios de compra, a qué precio le entrega PDVSA a Petronic y a qué precios Petronic declara el costo de ese petróleo, ahí está el problema, más que en la distribución que sí podría regularse y estudiarse”, planteó Langrand.
Carrión considera que, además de tener claro un precio de referencia internacional como el WTI, se debe tomar en cuenta el deslizamiento de la moneda y el mismo aumento del salario de los trabajadores para hacer una evaluación más justa. Además los márgenes de ganancia en la refinería, almacenamiento y la distribución en la cual una parte está en manos de una empresa privada, manejada por familiares de la familia presidencial.
“Ahí se juegan las ganancias a los grupos de Albanisa (Alba Petróleos de Nicaragua) y en la energía es peor pues, mientras el petróleo disminuye ella va en aumento porque se dieron cuenta que ahí hay un negocio”, dijo Carrión.
En el Parlamento existe una iniciativa de Ley de Subsidio a las Familias Consumidoras de Combustibles, pero también exhorta a transparentar los fondos de la cooperación venezolana, que maneja de forma privada un consorcio ligado a la familia Ortega Murillo.
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