Demandan derogar acuerdo administrativo de Telcor
Vladimir Vásquez y Wendy Álvarez
El Acuerdo Administrativo 005-2013, emitido por Telcor, provocó reacciones de los representantes de la empresa privada que piden al ente regulador rectifique su decisión.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, consideró que la medida “transgrede el derecho a la libre empresa, que establece la Constitución Política de Nicaragua”.
En el mismo sentido, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) consideró que la decisión del ente regulador interfiere en la administración de las empresas de telecomunicaciones del país y señala que el acuerdo viola derechos constitucionales y Leyes de la República, así como la libertad de empresa y la libertad de contratación individual.
En su comunicado Amcham indica que comprenden el interés de las autoridades por respaldar la lucha contra el crimen organizado internacional y garantizar la seguridad nacional, pero advierte: “No podemos sacrificar los derechos constitucionales consignados en la Carta Magna y que se violentan en dicho acuerdo”.
LA PRENSA intentó contactar al director de Telcor, Orlando Castillo, pero por segundo día no contestó nuestras llamadas telefónicas.
El acuerdo, a pesar de establecer un plazo de 30 días para que las empresas presenten los nombramientos, no determina si será el ente regulador el que imponga a una persona en el cargo si la empresa se abstiene de realizar la presentación ante Telcor.
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“Solicitamos respetuosamente a las autoridades correspondientes, a fin de que rectifiquen conforme, garantizando de esa forma el Estado de Derecho y los derechos constitucionales de los nicaragüenses, para ayudar a promover un clima de inversiones apropiado para fomentar las inversiones nacionales”, establece el comunicado de Amcham.
“Totalmente inaceptable”
El acuerdo “es totalmente inaceptable y no tiene por qué el Estado venir a decidir quién va a ser el gerente de una empresa privada. Repito, no tiene el sector privado tampoco por qué decidir quién va a ser el ministro o quién va ser el director de una área o de un ministerio, a pesar de que el sector privado sí paga los salarios de los funcionarios públicos y el sector público no paga los salarios de los privados”, afirmó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
Tras conocer sobre esa normativa, el Cosep dedicó ayer gran parte de su reunión semanal para finiquitar un análisis jurídico sobre las leyes que violenta dicho acuerdo, el que enviarían con carácter de urgencia al asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, de quien esperan una respuesta positiva.
La empresa privada recuerda que “ningún acuerdo puede pasar por encima de la Constitución, ningún acuerdo puede pasar por encima de una ley”, por lo que a criterio de Aguerri, no se puede decir que esta normativa fue diseñada en el marco de la prevención del lavado de dinero.
Aguerri espera que el Gobierno revoque dicho acuerdo para no introducir un recurso por inconstitucionalidad del mismo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Entre los artículos de la Constitución que se estarían violando figuran el 25, 26, 27, 68, 99, 104, 182, 183. Igualmente se transgreden los artículos 19, 23 y 270 del Código del Trabajo.
Aguerri enfatizó que este tipo de acuerdo o decisiones no favorecen la llegada de inversión en el sector de telecomunicaciones, por lo que esperan que el Gobierno actúe con rapidez para que se derogue la decisión que entró en vigencia el 22 de marzo pasado.
Hasta el cierre de esta edición, las empresas Claro y Movistar no habían dejado clara su posición sobre el acuerdo emitido por el ente regulador.
En las gerencias de Comunicación de ambas empresas informaron que aún estaban estudiando el caso.
Al estilo Siboif
La especialista en derecho mercantil, Karla Valdelomar, expresó en comunicación telefónica que esta decisión le daría a Telcor una función similar a la que cumple la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), que autoriza, supervisa, vigila y fiscaliza la constitución y el funcionamiento de todos los bancos, sucursales y agencias bancarias que operen en el país.
“Creo que lo que persigue el Estado es tener una supervisión y un control sobre estas empresas”, pero duda que sea para imponer a personal afín a Telcor en los cargos gerenciales.
Si la decisión del ente regulador fuera observada desde un “punto de vista positivo”, dijo la especialista, este control permitiría al Estado garantizar que los fondos recaudados por las empresas no sean utilizados para lavado de dinero.
Aunque Valdelomar considera que también podría haber una intención política de parte del Gobierno, pues “recordemos que el presidente también tiene intereses en ese sector de telecomunicaciones”. También estimó que esto podría tener la intención de ampliar el control gubernamental sobre las empresas de telecomunicaciones para “crear un monopolio”.
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