El Índice de Democracia que desde el 2006 es elaborado anualmente por la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, ubica a Nicaragua en la categoría de los “regímenes híbridos”, o sea aquellos raros países que supuestamente son democracias y dictaduras al mismo tiempo.
En esa misma línea, otras entidades y algunos analistas llaman “democracias restringidas”, o “democracias plebiscitarias”, a regímenes autoritarios como los de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países, porque consideran que sus gobernantes consultan directamente a las masas sus grandes decisiones, sobre todo la de permanecer indefinidamente en el poder. Y hay quienes, incluso, denominan ridículamente a esos regímenes “dictablandas” o “demoduras”.
Pero tales denominaciones no son más que eufemismos para no llamar dictadores, como en efecto lo son, a esos gobernantes autocráticos como el difunto Hugo Chávez en Venezuela, o Daniel Ortega en Nicaragua. Lo cierto es que el hecho de que estos personajes hayan tomado el poder por medio de elecciones, no les quita el carácter y el talante de dictadores, pues la dictadura no se define solo a partir de cómo se ha conquistado el poder, sino también y fundamentalmente, por la forma como se ejerce el poder.
En un país hay democracia o impera la dictadura. Decir que un sistema de gobierno es mitad democracia y mitad dictadura, es como creer que una mujer solo está medio embarazada. En la historia ocurre que en un determinado momento una democracia se encuentra en profunda crisis y derive hacia una dictadura. O al revés, que una dictadura comienza a introducir cambios desde arriba para de manera gradual abrirle espacio a la democracia. Pero estas son situaciones de transición política, que a corto o mediano plazo desembocan ineludiblemente en una dictadura, en el primer caso, y en el segundo en una democracia. No hay manera de que esas transiciones políticas se queden a medio camino, para siempre.
La democracia se funda en el respeto a la voluntad popular que se expresa libremente en las urnas electorales, de acuerdo con la máxima “un ciudadano, un voto” y siempre y cuando los votos sean contados por una institución electoral independiente, de manera honrada y transparente. La democracia supone, además, la existencia de instituciones sólidas y la supremacía de la ley sobre la voluntad de los gobernantes. Y requiere del cumplimiento de principios constitucionales como la división de poderes, la alternancia de diferentes partidos y personas en el poder, el respeto a la voluntad de las mayorías y a los derechos de las minorías, la libertad de prensa y expresión, la autonomía de los gobiernos municipales, etc.
Que el régimen de Daniel Ortega se entienda con algún o algunos sectores de la sociedad, no lo hace democrático. En cambio, el atropello a la Constitución, el fraude electoral para de manera tramposa reelegirse y mantenerse en el poder, la represión llevada al extremo de matar a ciudadanos opositores como los de El Carrizo y Ciudad Darío, la abolición de la independencia de los poderes del Estado, la manipulación política de la justicia, la ausencia de controles institucionales y ciudadanos sobre la administración pública, la concentración de casi todos los medios de comunicación en manos del oficialismo, la creación de un sistema social que privilegia a los partidarios del Gobierno y discrimina a todos los demás nicaragüenses, etc., definen claramente al régimen de Daniel Ortega como una dictadura en proceso de desarrollo y consolidación, no como un estrambótico híbrido político.
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