Hoy es un día clave para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Los cancilleres de la OEA, reunidos en Washington DC, deben aprobar en este día una de las dos propuestas planteadas para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión, que es su instrumento primordial y más eficaz.
Una de las propuestas fue presentada por la misma Comisión, para atender las críticas de buena fe, mejorar sus procedimientos y fortalecer su capacidad de acción en el marco de la autonomía que goza dentro de la OEA.
La otra propuesta es de los gobiernos del Alba y sus aliados, que quieren anular la autonomía de la CIDH, sacarla de Estados Unidos y radicarla en uno de sus países, e impedir que reciba financiamiento independiente, que es precisamente una de las garantías para su autonomía y eficiencia.
Los gobernantes autocráticos de la región, entre ellos el de Nicaragua, pretenden neutralizar a la Comisión y eliminar o castrar la Relatoría para la Libertad de Expresión, porque les molestan las denuncias de sus violaciones a los derechos humanos, particularmente las agresiones contra la libertad de prensa y los medios y periodistas independientes. Tratan de justificar su ataque a la Comisión, acusándola de ser un instrumento de Estados Unidos, que ni siquiera ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto no es parte de ella. Y sostienen que por eso es que la Comisión nunca ha condenado las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Estados Unidos.
Pero eso es mentira. Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos pero es parte de la OEA, en cuya Carta constitutiva fue creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De manera que Estados Unidos sí es parte de esta Comisión y se somete a su jurisdicción en cuanto ella actúa como organismo de la OEA.
El columnista Andrés Oppenheimer desenmascaró a los gobernantes que falazmente acusan a la CIDH de que no investiga ni condena las violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos, cuando reveló a mediados del año pasado en un artículo publicado en los principales periódicos latinoamericanos, incluyendo LA PRENSA de Nicaragua, que “la Comisión ha criticado a Estados Unidos más veces que a casi todos los demás países miembros de la OEA”. En 2011, por ejemplo, la Comisión dictó 11 medidas cautelares contra Estados Unidos y solo una contra Venezuela, Bolivia y Ecuador. La Comisión ha abogado por los derechos humanos de los presos de Guantánamo y exigido el cierre de esa prisión que transgrede las normas del derecho internacional. Además, la Comisión ha inspeccionado los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos y presentó un informe de 175 páginas sobre las violaciones a los derechos humanos que allí se cometen.
La verdad es que los gobernantes del Alba están contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque son enemigos de la democracia y la libertad de prensa. Pero los gobiernos democráticos tienen la obligación de impedir que semejantes pillos se salgan con la suya.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
