Los extraordinarios mensajes papales que se han emitido en los últimos días, primero con la memorable renuncia de Benedicto XVI y después con la también histórica elección del papa Francisco, han aludido de manera directa a la situación de Nicaragua.
Primero, Benedicto XVI, con la gran lección de humildad y desprendimiento que dio al renunciar al poder más grande que hay en el mundo, al menos en el mundo cristiano, como es el papado, puso en evidencia a aquellos gobernantes que hacen cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Como el de Nicaragua, que con ese avieso fin ha atropellado la Constitución, ha suprimido la independencia de los poderes del Estado, ha socavado la institucionalidad democrática, ha liquidado la autonomía municipal, ha corrompido la función pública y hasta ha provocado la muerte de seres humanos, como ocurrió en El Carrizo cuando el fraude electoral presidencial de 2011, y en Ciudad Darío cuando el fraude municipal de 2012.
Después, el papa Francisco, en su homilía de la misa de investidura del martes 19 de marzo sentenció que “el verdadero poder es el servicio”, ante todo a los más humildes. Lo dijo ante gobernantes y representantes gubernamentales de 132 países, algunos de los cuales ejercen el poder de manera limpia y democrática, pero ostentosa, y otros muchos lo hacen no solo de manera fastuosa, sino también despótica, corrupta y perversa.
Se comprende que a los gobernantes y a los políticos en general, cuyo frío objetivo y pasional misión es tomar el poder y ejercerlo, no se les puede pedir que sean como el papa Francisco, ni como son los franciscanos y demás religiosos que pertenecen a otras órdenes en las que se practica una rigurosa humildad. Ni siquiera se puede esperar que sean como santo Tomás Moro, el fiel estadista inglés a quien la Iglesia católica proclamó patrono de los políticos. Pero sí se les puede y se les debe exigir, que al menos gobiernen de manera decente, que respeten la constitución, el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y los derechos humanos de todas las personas, no solo los de sus partidarios. Y se les debe exigir también que elaboren y ejecuten políticas públicas que procuren la justicia y el bien común.
En realidad, no solo en la palabra de la Iglesia expresada mediante encíclicas, cartas pastorales y homilías de sus papas y demás pastores, sino también en documentos jurídicos laicos de valor y aceptación universal, se han establecido desde hace mucho tiempo los principios y normas básicas para el buen gobierno. Esos principios y normas fundamentales se basan en la soberanía popular y la división, equilibrio y control recíproco y público de los poderes del Estado; y han sido dispuestos para preservar la libertad y la seguridad de las personas, para que el poder no sea ejercido sin límites ni controles y para que los gobernantes actúen como servidores públicos, no como piratas para quienes el Estado es un botín y hacen lo que sea con tal de mantenerse y perpetuarse en el poder.
Las normas y principios para que el poder público sea ejercido como función de servicio están en la Constitución de Nicaragua. Pero quienes detentan el poder no lo ejercen para servir, sino para servirse y ser servidos.
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