La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se autodefine oficialmente, “como un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, DC. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los Derechos humanos (SIDH)”.
Ante esta entidad hemisférica de protección de los derechos humanos, el organismo no gubernamental nicaragüense Ética y Transparencia presentó hace unos días un informe sobre el “Acceso a la cédula de identidad y a recursos judiciales efectivos en Nicaragua”, en el cual se denuncia la discriminación política en el otorgamiento de las cédulas. Según el informe de Ética y Transparencia, la cedulación ha sido partidarizada por el gobierno de Daniel Ortega, a los partidarios del gobierno se les facilita la entrega de sus documentos de identidad pero a los ciudadanos que son identificados como opositores, o simplemente que no simpatizan con el régimen, se les niega o retrasa indebidamente la entrega de sus cédulas.
Se trata de una flagrante violación de los derechos humanos contra muchas personas, las cuales de esta manera son condenadas a una muerte civil de hecho, pues la cédula es un documento oficial indispensable no solo para votar en las elecciones, sino también para realizar cualquier clase de trámites civiles y legales.
Respondiendo rápidamente a la denuncia de Ética y Transparencia, la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz, declaró que se ha solicitado al Gobierno de Nicaragua que permita la visita de una delegación de ese organismo hemisférico, a fin de “conocer más de cerca el proceso de cedulación del país”. Sin embargo, representantes del régimen orteguista en la OEA y en Managua reaccionaron de inmediato con virulencia y arrogancia autoritaria, descalificando el informe de Ética y Transparencia y rechazando la solicitud de la CIDH de hacer una visita a Nicaragua.
En realidad, la CIDH debería venir al país, en ejercicio de sus funciones, no solo por la denuncia de discriminación política en la cedulación. También es necesario que verifique otras graves violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas en Nicaragua, como por ejemplo la represión policial y judicial contra los mineros artesanales de Santo Domingo de Chontales y el caso de los 32 campesinos que han debido huir a Honduras, ya que autoridades gubernamentales y partidarios del FSLN los han amenazado de muerte porque son simpatizantes del partido de oposición o familiares de alzados en armas.
Pero no hay ninguna posibilidad real de que la CIDH r venga a Nicaragua a verificar tales denuncias. El régimen de Daniel Ortega es uno de los gobiernos autoritarios que están tratando de quitarle autonomía a la CIDH, precisamente para que este organismo no pueda seguir denunciando los abusos gubernamentales. Los derechos humanos están por ahora a la baja en América Latina, ante la inexplicable e injustificable indiferencia de los gobiernos democráticos de la región.
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