Debe considerarse y estimarse con total simpatía por una transparente Administración de Justicia, que estas líneas tienen como soporte y respaldo jurídico de quien ha manifestado y lo mantiene y sostiene que es un doliente del poder judicial, lo que tiene como aval haber estado inmerso en el desempeño de funciones judiciales por un período consecutivo de diecisiete años, sin sumar labor como Juez Local Penal en 1953 en León y posteriormente secretario del Juzgado de Distrito Penal en Masaya en 1954, ya preparando mi tesis de grado para obtener mis títulos profesionales de Abogado y Notario. Le doy pase a estos datos personales para que los talentosos lectores de esta sección configuren mis andanzas por los limpios campos de la vida judicial.
Lamento mucho que en los últimos años en Nicaragua nuestra Administración de Justicia tenga señalamientos de censura por la conducta de algunos judiciales completamente políticos del partido gobernante y particularmente ciega obediencia a los titulares de las instituciones que conforman el Estado de Nicaragua, a la cabeza el titular del poder ejecutivo; lo que da como resultado judiciales politizados que marginan e interpretan las normas legales al tenor de lo que se les recomienda o sugiere con la meta del favoritismo a delictivos que reciben sanciones penales, que en definitiva son una burla a la legislación penal y un desafío al principio de legalidad y a lo propio del ordenado y clasificado para la garantía de un castigo de culpabilidad que brinde el reconocimiento de las víctimas, en la confianza de una justicia de observancia de lo que corresponde al principio del reconocimiento y protección de las víctimas.
Con esto, entramos a señalar que los citados judiciales politizados violentan el Código Penal cuando sin pudor alguno formalizan interpretaciones subjetivas de acuerdo con las ya dichas sugerencias o recomendaciones para victimarios en plan de favorecerlos en algunos casos con arresto domiciliar en delitos graves, igual que por supuestos y falsos problemas de salud con el auxilio de dictámenes forenses prefabricados, otros reos purgan sus penas tranquilamente en sus propios domicilios. Estamos conociendo o reconociendo por diversas publicaciones que el índice de criminalidad en Nicaragua va en ascenso, esto es preocupante, y es el momento de tomar las medidas precisas para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), previa las investigaciones de rigor con la debida audiencia de los judiciales denunciados sin miramiento político, resuelva la inmediata sanción que corresponda al abuso y al irrespeto de lo que establece claramente el Código Penal y su procedimiento.
Por otro lado es grave y muy pernicioso que a los acusados o denunciados por ultrajes sexuales se les rebaje descaradamente la pena que merecieron a juicio de lo determinante en la imposición de penas y ordenadas por tribunales intermedios, pues alegar o señalar que los victimarios sufren “la pena moral” de ser reconocidos por la opinión pública como delictivos deja como resultante en las víctimas un ultraje más del recibido por los victimarios y que llevarán como una cruz a cuestas por toda la vida, tanto ellos como sus familiares…
Tengo la confianza como jurista, y ciudadano de historial, bien visto en las estructuras judiciales que a corto plazo los magistrados de la CSJ procuren estricto control sobre la conducta de todos los judiciales del país para que logremos respeto y la admiración de una justicia toda nobleza y sin ropaje político que tanto daño le causa en la actualidad a la justicia nacional. En lo particular expongo organizar seminarios judiciales en que se pretenda que el judicial conozca el valer y valor sustancial del decoro y la dignidad que encierra el cargo de la función de la Administración Judicial; y así obtener como logro “hacer cumplir la ley para respetar y proteger la dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas las personas”.
Finalmente, ofrezco si es posible con todo amor por la justicia y por mi querida Nicaragua, si se llegaran a organizar los seminarios aludidos, tener participación para dictar una conferencia o varias conferencias del contenido de un documento promulgado por las Naciones Unidas identificado con estas letras, Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¡Así sea!
El Autor es miembro de la Academia de Juristas y Ciencias Políticas de Nicaragua.
