El jurista político español de finales del siglo XVIII y principios del XIX, Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) sentenció que cada pueblo tiene el gobierno que se merece; proverbio del que se apropió el teórico político saboyano de la misma época, Joseph de Maistre (1753-1821), o quizás llegó a igual conclusión como fruto de sus propias observaciones.
La tesis de Jovellanos y Maistre pareciera confirmarse en Nicaragua, actualmente, si damos crédito a la última encuesta de la firma CID-Gallup, realizada entre el 8 y el 13 de enero del año en curso y de la cual se conocieron sus aspectos más significativos. Nos referimos a los datos, catastróficos para la oposición política partidista, de que el PLI y el PLC suman entre ambos apenas el siete por ciento de la preferencia popular, mientras que el oficialista FSLN de Daniel Ortega registra un 56 por ciento del total de simpatía política de los ciudadanos.
Y lo peor es que, según esa encuesta, la mayor parte de la gente no le concede mayor importancia a la democracia, al Estado de Derecho y la buena calidad institucional. “Cuando se les pregunta —a los ciudadanos encuestados— su percepción de lo que es una democracia, son más quienes la consideran como una fuente de servicios sociales o un sistema que preserva la estabilidad económica, mientras que son pocos quienes consideran que es un sistema de voluntad popular que escoge el gobierno que quiere”, se dice en el estudio de CID-Gallup. Y agrega que “Cuando se les pregunta cuál es su prioridad para el país con la democracia y el Estado de Derecho a un lado y los servicios sociales y la estabilidad económica por el otro lado, prefieren lo segundo”. Y esta última opinión ni siquiera se debe a que la gente siente que ha mejorado su situación material, económica y social, pues más bien reconoce que está peor, sino porque abriga la esperanza de que el gobierno actual se la podría mejorar.
Sin embargo, CID-Gallup asegura que “cada vez es más difícil realizar encuestas de opinión pública en este país; la ciudadanía es cada vez más renuente de contestar ciertos tipos de preguntas, especialmente las de índole política”. De lo cual se podría inferir que hay una opinión popular oculta, que no se revela, pues la renuencia a contestar “cierto tipo” de preguntas se debe seguramente a que bajo el autoritario régimen actual la gente tiene temor a expresarse con libertad.
Los nicaragüenses han dado muestras fehacientes de que entienden la libertad y la democracia y las prefieren en vez del autoritarismo y la dictadura. Lo demostraron cuando botaron a la dictadura somocista, en 1979, y lo volvieron a probar con la derrota electoral que le propinaron a la dictadura sandinista, en 1990. Pero ahora, además de que la oposición no parece tener propuestas ni capacidad para resolver los problemas económicos y sociales de la gente, los ciudadanos están decepcionados de aquellos políticos dizque democráticos que por codicia y corrupción entregaron la democracia a su enemigo, o no han sabido defenderla como es necesario.
Además, con los políticos democráticos enfrascados en discutir si siendo diputados tienen derecho o no de ocupar otros altos cargos estatales mejor remunerados y de más largo plazo, no hay manera de que la gente pueda confiar en ellos ni de que, por ahora, recupere la fe en la democracia y la libertad que se le ha quebrantado.
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