El organismo humanitario Asociación Pro-Búsqueda, señaló ayer que la Fiscalía y la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en la guerra tienen la obligación legal de esclarecer los casos de niños que fueron adoptados ilegalmente por militares, al quedar abandonados, en algunos casos por la muerte de sus padres, en operaciones ejecutadas por el Ejército contra la guerrilla en la guerra civil entre 1980 y 1992.
“Hasta hoy hemos resuelto no menos de diez casos” de víctimas de esa práctica, informó la coordinadora de la organización, Esther Alvarenga, quien señaló que en algunos casos, los adoptados “están en manos de coroneles”.
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