La oposición parlamentaria, decidió votar contra la propuesta gubernamental de institucionalizar los llamados gabinetes de familia mediante su inclusión en el Código de Familia que se está discutiendo y aprobando en la Asamblea Nacional.
Gabinetes de la familia, la comunidad y la vida, es el nombre oficial que la pareja gobernante le ha dado a los organismos partidarios de base creados en el gobierno anterior de Daniel Ortega con el nombre de Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y que en el fondo son los mismos Comités de Defensa Sandinistas (CDS) de la dictadura sandinista de los años ochenta, que espiaban, intimidaban y reprimían a la población.
El objetivo de los Gabinetes de la familia es ejecutar en la base de la sociedad la estrategia orteguista de revolución cultural totalitaria, que a nivel institucional ya está impulsando el Ministerio de Educación por medio del magisterio nacional penosamente sometido a las políticas partidistas del régimen establecido. Esa estrategia es explicada detalladamente en los cinco folletos que integran el llamado “Manual Educativo de la Gran Campaña Nacional “¡Vivir limpio, vivir bonito, vivir bien!”, elaborado por la señora Rosario Murillo o bajo su orientación, cuyos aspectos principales han sido dados a conocer por LA PRENSA y diversos representantes de organizaciones cívicas, políticas democráticas y defensoras de los derechos humanos, la han denunciado justamente como un plan para imponer en Nicaragua un régimen fascista o fascistoide, y en todo caso totalitario.
Está claro que la oposición parlamentaria opositora no puede impedir que esos Gabinetes de Familia organizados por la señora cogobernante sean incluidos en la Ley. Pero al menos debe denunciarlos y no prestarse a su inclusión por consenso parlamentario, como han sido votadas otras políticas gubernamentales, que no son precisamente de interés nacional pero por su conveniencia la oposición consensuó su aprobación en la Asamblea Nacional.
La función de la oposición parlamentaria no es aceptar o aprobar de manera obsecuente lo que propone el Gobierno, salvo excepciones, ni someterse a la aplanadora oficialista. Su responsabilidad es proponer alternativas a cada política gubernamental, rechazar claramente las propuestas oficialistas que no son de interés nacional sino de conveniencia partidista y particular de la familia gobernante, poner límites al Gobierno por lo menos mediante la denuncia y la crítica, dentro de la Asamblea Nacional y fuera de los muros parlamentarios.
Por nuestra parte, así como criticamos a la oposición parlamentaria cuando se somete sumisamente a iniciativas gubernamentales que debería rechazar, también reconocemos su valor democrático y cívico cuando se enfrenta a la maquinaria oficialista, como ha decidido hacerlo en el caso del plan para institucionalizar los Consejos de Familia partidistas y fascistoides.
Si es cierto que el interés de la oposición parlamentaria no es medrar y lucrarse del presupuesto nacional al amparo del régimen orteguista, sino recuperar su fuerza política para reconstituirse como alternativa de poder, tiene que demostrar con sus hechos y con sus votos que en realidad está luchando por poner límites al desenfreno oficialista y para rescatar la república democrática.
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