Humberto Galo Romero
Los hábitos alimenticios del nicaragüense promedio se han modificado muy poco en las últimas décadas. Persiste la marcada tendencia a consumir una dieta alimenticia poco balanceada, basada principalmente en arroz, frijoles rojos, maíz blanco y algunos alimentos provenientes del trigo procesado (pan y reposterías).
La líder gremial calcula que en el país existen al menos 3,000 manzanas de tierra en propiedad del Estado que podrían ser cultivadas por mujeres.
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Esto, según algunas organizaciones rurales, ha incidido grandemente en el hecho que en el país un 19 por ciento de la población enfrenta algún problema de subnutrición. Es un panorama nada alentador para el país, tomando en cuenta que a nivel regional Nicaragua se ubica en el segundo lugar entre los países que exhiben el más alto índice de desnutrición global: 1.1 millones de personas.
Fue bajo esta premisa que desde abril del año pasado un grupo de organizaciones rurales en conjunto con algunas universidades iniciaron a desarrollar la campaña de seguridad alimentaria Crece, una iniciativa que se implementa paralelamente en 50 países alrededor del planeta.
NORMAS JURÍDICAS
Blanca Torres está al frente de la Federación Agropecuaria de Cooperativas de Mujeres Productoras de Nicaragua (Femuprocan), una organización que impulsa acciones en pro de garantizar un mejor nivel nutricional en el país.
“Existen mecanismos jurídicos que se han creado para mejorar y garantizar condiciones de seguridad alimentaria, sin embargo, estas no se están cumpliendo”, afirma.
De acuerdo con la dirigente rural, la Ley 693, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, establece la responsabilidad para que el Estado implemente políticas para garantizar este mandato, sin embargo, se hace poco o casi nada. “Prueba de ello es que desde hace tres años se aprobó la Ley 717, Ley de Creación del Fondo para la compra de tierra con equidad de género para las mujeres rurales, sin embargo, esta aún no se cumple”, sostuvo.
Esa normativa establece que del Presupuesto General de la República se designe el uno por ciento para la compra de tierras; de crearse este fondo, sería utilizado para la conformación de comisiones municipales que propiciarían acciones concretas en pro de garantizar la seguridad alimentaria.
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