Julio Icaza Gallard
La elección de un alto número de cargos con períodos vencidos, entre ellos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, puede representar una oportunidad para reconocer el valor de las instituciones democráticas y lograr el compromiso más amplio de respetar la autonomía que estas requieren para su buen funcionamiento. También puede representar, desde la dinámica de acumulación de poder y el ateísmo institucional de Ortega, una circunstancia propicia para acicalar al régimen y hacerlo más presentable ante la comunidad internacional y, de paso, dividir y desprestigiar aún más a la oposición democrática. Que ocurra una cosa o la otra depende en gran parte de la actitud de los líderes de esa oposición y su capacidad de unirse en torno a una visión estratégica.
No se trata solamente de llegar a acuerdos sobre cuotas de participación minoritaria y llenar vacantes. La elección que debe hacer la Asamblea Nacional debe tener como propósito responder a la necesidad que tiene el país de contar con instituciones creíbles y funcionales, capaces de solucionar los conflictos y dar participación a las diferentes fuerzas sociales.
Se trata de aceptar las limitaciones al poder que ellas representan en un Estado democrático de Derecho y respetar el interés público que definen y defienden.
Se trata de renunciar a la violencia ejercida contra ellas y, por el contrario, sustraerlas a las pugnas ideológicas partidarias, a fin de garantizar que funcionen apegadas a la ley y sirvan a todos los nicaragüenses sin discriminaciones.
La escogencia de las personas que habrán de desempeñar esos cargos deberá estar precedida y subordinada, por tanto, al compromiso de respetar la independencia de los poderes, la autonomía de las instituciones y los principios fundamentales de la democracia.
Un compromiso de esta naturaleza, ciertamente, solo puede alcanzarse a través de un diálogo. Pero no de un diálogo claudicante, agotado de entrada en soluciones pragmáticas, bajo la creencia de que cualquier concesión, por mínima o inocua que sea, es una ganancia.
La fórmula pragmática, consistente en el máximo aprovechamiento de una situación dada, presupone la aceptación del statu quo, al que siempre favorece en última instancia. Representa, además, una deserción de la política, un acomodamiento y una renuncia al cambio. Sería juzgada, por último, como otro pacto que, como la historia demuestra, inevitablemente conlleva la muerte de la fuerza política y el liderazgo de quienes lo suscriben.
“A un gobernante malo no se le corrige con palabras sino con la fuerza”, decía el humanista y republicano Maquiavelo de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Bajo este enfoque realista, lo que se necesita es un diálogo amplio, al que pueda presentarse la oposición democrática como una fuerza organizada y unida, capaz de hacer mella en el cinismo político y el monólogo autocrático de Ortega.
Quienes ansían un arreglo político a todo trance, obviando —como en el pacto fáustico—, el precio que exigiría a cambio, acusarán de idealistas a quienes se opongan. Pero entre la política como el arte de lo posible y la complicidad con el despotismo, a cambio de un plato de lentejas, hay una gran distancia.
El déficit institucional no solo entorpece el desarrollo económico y social: al desaparecer el apoyo externo abre las puertas a la violencia y lleva al colapso final de un régimen. Es lo que enseña la historia latinoamericana de regímenes altamente inestables y, en particular, lo que sucedió con la dictadura de los Somoza.
Círculo vicioso que, bajo el manto de las buenas intenciones y de la viveza práctica, estarán alimentando los llamados pragmáticos. El autor es jurista y catedrático universitario.
