Wendy Álvarez Hidalgo
La crisis económica mundial estaba en pleno apogeo. Era finales de 2009 y la economía de Nicaragua agonizaba, no solo por los embates de los choques externos sino también por el cierre y congelamiento, en algunos casos, de la cooperación oficial que el país recibía por problemas políticos.
Ante el déficit fiscal que había ocasionado la huida de la ayuda externa, el Gobierno se vio obligado a revivir y rediseñar con urgencia un proyecto de reforma a ley tributaria que ya había sido gestado durante el gobierno del expresidente Enrique Bolaños, por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La idea del actual ejecutivo era cerrar gran parte de ese hueco presupuestario, lo que elevó la alarma de la empresa privada debido a algunos planteamientos que afectaban sus intereses y la de los trabajadores.
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, sostiene que durante una reunión que mantuvieron con funcionarios de gobierno para conocer el proyecto este propuso, por ejemplo, gravar con impuesto del cinco por ciento a las empresas que están bajo el régimen de zona franca. Eso, añade, levantó la alarma por ser este sector el principal generador de empleo formal.
De hecho, en el proyecto de reforma a la Ley de Equidad Fiscal que llegó a la Asamblea Nacional en ese año, no aparece esa propuesta. Según Aguerri fue en esa reunión inicial con la Presidencia “que nosotros logramos quitar eso, para eso es la concertación, para no tener que llevar cosas que no tienen ningún sentido”.
El experto fiscal Julio Francisco Báez explica que la propuesta inicial se engavetó en la Asamblea Nacional y se diseñó lo que se conoció “como reformita” para recaudar el 0.7 del Producto Interno Bruto (PIB).
Báez duda en que el primer proyecto de reforma tributaria “venía a demoler la Bolsa Agropecuaria” tal a como dijo la empresa privada y cuestiona que al final se le dio más beneficios de los planteados inicialmente. Con la actual Ley de Concertación Tributaria (Ley 822) se bajó el techo gravado de 60 a 40 millones de córdobas anuales y se aumentó la lista de productos que se pueden transar.
Aguerri también destaca como logro que se haya mantenido las exoneraciones y exenciones para varios sectores productivos, aunque se haya puesto fecha de caducidad. En reiteradas ocasiones el Cosep advirtió que si no se mantenían estos beneficios fiscales se restaría dinamismo a los sectores y afectaría, incluso, a los consumidores finales.
En ese sentido, Báez considera que sí era necesario revisar más a fondo los beneficios fiscales que se otorgan a los sectores y añade que era necesario incluso crear nuevos impuestos para compensar, por ejemplo, un alivio mayor a la carga impositiva de los asalariados.
Menciona como ejemplo la creación de un impuesto para las grandes empresas que contaminan el medioambiente. Para Báez la Ley 822 está concebida a la medida de la empresa privada y los intereses del Gobierno “que también se transformó en empresario”.
OTROS ASPECTOS ESPINOSOS
Melvin Estrada Canizales, experto fiscal de la consultora García & Bodan y exsubdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), por otra parte, considera que “el tema más espinoso” que había en la propuesta de reforma 2009 era el intento de adicionar al pago mínimo definitivo un impuesto de entre el 2 y 2.5 por ciento sobre los ingresos brutos al final del período fiscal. “Era doblemente gravoso”, afirma.
Sobre el tema de los precios de transferencias, que deberán ser más fiscalizados a partir de 2016, Estrada reconoce que el gran reto será implementar este sistema de fiscalización tributario.
“Hay un concepto en la ley que dice valor de mercado, ¿quién define el valor de mercado?, me pregunto yo. Lo defino yo como contribuyente o lo define la DGI, ¿qué empresas van a hacer las autorizadas para definir el valor de mercado?”, se cuestiona.
Hasta la fecha se desconoce cuánto pretende recaudar el Gobierno con la ley aprobada en 2012 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2013. El Cosep sostiene que los frutos se recogerán dentro de tres y cinco años.
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