SAN SALVADOR/AFP
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pidió este domingo al presidente Mauricio Funes vetar una reforma aprobada el viernes por el Congreso que debilita la ley de Acceso a la Información Pública y el nacimiento del ente regulador de esta práctica.
«Yo me atrevería a pedirle al señor presidente que no sancione este reforma (y) que la ley (de Acceso a la Información) se constituya como debe ser», declaró Escobar durante una rueda de prensa luego de oficiar la misa dominical en la céntrica catedral de San Salvador, en referencia a la reforma que ha provocado el rechazo de distintos sectores de la sociedad.
Tras considerar que «la información es fundamental» en un país democrático, Escobar hizo un llamamiento también a los diputados para que «rectifiquen» lo actuado sobre la ley, tras argumentar que «finalmente tiene que prevalecer el bien común, el bien de la sociedad y el derecho a la información».
El viernes, en el Congreso unicameral de 84 escaños, la reforma fue aprobada por 46 diputados de la izquierda gobernante y de dos partidos de derecha. Funes, por ley, puede hacer observaciones, vetar o sancionar la reforma.
La reforma le arrebata autoridad al Instituto de Acceso de la Información Pública (IAIP) sobre todas las instituciones estatales para resolver controversias entre el público y funcionarios en relación a la clasificación y desclasificación de información reservada. Por otra parte, deja en manos de los ministros el poder para vetar a los miembros -incluso a la terna completa- que sean propuestas por los sectores empresarial, universitario, profesional y de los gremios de periodistas para integrar el Instituto de Acceso a la Información.
Según la ley original, aprobada el ocho de abril de 2011 y que entró en vigencia un mes después, los cinco comisionados del Instituto deben ser nombrados por el presidente de la República, luego de ser electos en ternas por los sectores que los postulen.
Por diferentes circunstancias, entre las que se incluye la falta de presupuesto para el Instituto, el presidente Funes nunca nombró a los comisionados, a pesar de existir un fallo al respecto de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El IAIP, según la ley original, es la instancia con poder sancionatorio para que la población haga efectivo su derecho a «obtener en forma clara, suficiente, directa y oportuna» una amplia gama de información sobre el quehacer del Estado, sociedades de economía mixta y de personas naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública.
«Con todo respeto, debo decir esto a los señores diputados: como que obstaculizan el buen nacimiento de este Instituto (de Acceso a la Información) con las reformas a la ley, qué lástima», exclamó el arzobispo Escobar.
