CIUDAD DE GUATEMALA/AFP
El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, cuya extradición reclama Estados Unidos por lavado de dinero, anunció este martes que demandó al Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuestas violaciones a sus derechos.
“En virtud de que se me han violado todos mis derechos, que he estado prácticamente en estado de indefensión y no me han respetado el debido proceso ni el principio de presunción de inocencia, hemos acudido al ente internacional”, afirmó el mandatario a una radioemisora local.
“La denuncia ya está intruducida y es un documento en que se expresa de manera categórica y con pruebas fehacientes la forma en que se han violado todos mis derechos en Guatemala”, agregó Portillo, quien gobernó en el periodo 2000-2004.
Uno de sus abogados, David Pineda, explicó que la denuncia consta de 70 páginas enviadas vía correo electrónico.
“En la demanda se pidió que la Comisión le pida al Estado que se abstenga de entregar al expresidente en extradición al gobierno de Estados Unidos”, puntualizó Pineda.
Portillo había adelantado el 16 de enero que acudiría ante la CIDH, organismo con sede en Washington que tiene la potestad exclusiva de accionar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Pese a que en mayo de 2011 fue absuelto del delito de peculado en los tribunales guatemaltecos, el exmandatario sigue en prisión en un sector adaptado en un cuartel militar de la capital debido a la petición estadounidense.
Portillo fue capturado el 26 de enero de 2010 cuando intentaba abandonar el país de forma ilegal -rumbo a Belice- a petición de una corte de Nueva York, que lo reclama en extradición por el delito de conspiración para el lavado de 70 millones de dólares.
El expresidente ha presentado varios recursos para evitar su extradición a Estados Unidos, aprobada en noviembre de 2011 por el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), quien ratificó una decisión de agosto de ese año de la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial local.
Según las leyes guatemaltecas, como última instancia el presidente debe ratificar o denegar los fallos judiciales relacionados con las extradiciones de los nacionales.