Editorial: Reforma al INSS y consulta a asegurados
Si el Gobierno quisiera de verdad conocer la opinión de las personas más interesadas en la reforma del Seguro Social, la cual se está fraguando en las alturas supuestamente para salvarlo de la situación de bancarrota a donde lo han conducido los gobiernos corruptos, incluyendo al actual, debería consultar a los afiliados y cotizantes del INSS. Ellos son los que ante todo tienen derecho de opinar sobre las drásticas reformas al Seguro Social que están propuestas por el Gobierno.
Pero la consulta a los afiliados y cotizantes del INSS tiene que ser directa, por medio de una encuesta, pues a ellos no los representa la burocracia sindical oficialista, sometida al orteguismo, ni los sindicalistas adictos o aliados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyo gobierno saqueó despiadadamente los recursos de la institución y agravó la tremenda crisis que ahora está ahogando al sistema nicaragüense de Seguridad Social.
Los afiliados al INSS son los que tienen que decir si están de acuerdo o no con el aumento del monto de las cotizaciones, con la duplicación de las semanas que se deben cotizar y la subida de la edad del afiliado y cotizante para tener derecho a la jubilación, y si quieren trabajar hasta que sus fuerzas físicas y mentales se los permitan o prefieren retirarse temprano, con las raquíticas pensiones establecidas de manera injusta. Por supuesto que tal encuesta, para que pudiera ser fiable tendría que realizarla una firma solvente y de prestigio, preferiblemente extranjera, no alguna de las que acostumbran cepillar y maquillar al Gobierno con sus “hallazgos”.
Sin embargo, una consulta de esa calidad a los afiliados al INSS no se va a hacer, porque el régimen actual no tiene interés en una reforma del Seguro Social justa y correcta. Si lo tuviera ya habría dado el indispensable paso previo a cualquier reforma auténtica, que es el pago de los 600 millones de dólares que el Estado le debe al Seguro Social por cotizaciones no pagadas, o al menos comprometerse a un acuerdo de pago con garantía de cumplimiento. Y además habría prohibido legalmente seguir usando los fondos del Seguro Social como caja chica del Ejecutivo, mucho menos para negocios turbios como el préstamo de 20 millones de dólares que se autoadjudicó el Gobierno en el año 2009, supuestamente para enfrentar una amenaza de epidemia gripal, cuyo destino real nunca se conoció y ahora nadie responde por esa enorme cantidad de dinero.
Por otra parte, si el régimen actual tuviera verdadero interés en salvar el Seguro Social, procedería a sacar de las listas de pensionados del INSS a las más de cincuenta mil personas que nunca cotizaron ni son cotizantes en la actualidad, pero por razones políticas fueron incluidas en el Seguro como usufructuarias de sus beneficios. Si esas personas merecen una pensión gubernamental, el Gobierno tiene que buscar otras vías para financiarla.
No obstante, lo más probable es que impondrán la reforma reaccionaria propuesta por el gobierno, tal vez con algunas ligeras modificaciones. Una reforma justa del Seguro Social solo la podría hacer un gobierno democrático y progresista, que además tendría que llevar a los tribunales a los saqueadores del INSS, por lo menos en aquellos casos que no hubieran prescrito legalmente.
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