El asesor económico presidencial, Bayardo Arce, dijo a los periodistas que el 84 por ciento de las acciones de la empresa española de comercialización eléctrica en Nicaragua, Gas Natural Fenosa, ya fue vendido a otra empresa privada conservando el Estado el 16 por ciento de su participación accionaria.
Arce no quiso decir quién es el comprador del 84 por ciento de la propiedad de Gas Natural Fenosa, cuyo valor en dinero se estima en unos 55 millones de dólares mientras que fuentes del sector energético aseguraron que la negociación no ha concluido, pero igual que Arce no revelaron la identidad del comprador o compradores de la empresa comercializadora de la energía eléctrica. Sin embargo es del dominio público que detrás de todo esto se encuentra el orteguismo, por medio de Albanisa y otra empresa española que estaría sirviendo de testaferro
Las negociaciones para la venta y compra de Gas Natural Fenosa se han manejado en un absoluto y sospechoso secreto, igual que se manejaron las transacciones de las empresas petroleras y de los canales de televisión que han pasado a manos del orteguismo, y como se manejan ahora todos los negocios importantes de interés público. Es decir, como si fuesen negocios mafiosos y no del interés de todos los nicaragüenses.
El pretexto para el ocultamiento de las negociaciones para la venta y compra de Gas Natural Fenosa, es que se trata de una negociación entre privados. Pero esta no es cualquier empresa privada, sino una entidad que presta o vende un servicio público de vital importancia. Además, siendo el Estado de Nicaragua dueño del 16 por ciento de las acciones de Gas Natural, legalmente esta es una empresa de interés público, pues según establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, cualquier “entidad de derecho privado con finalidad social o pública en la que el Estado tenga participación”, debe ser controlada por ese organismo del Estado. Y en consonancia con eso, la Ley de Acceso a la Información Pública asegura desde su artículo primero el derecho de los nicaragüenses a acceder a la información de “las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado”. De manera que siendo Gas Natural una propiedad en la que el 16 por ciento de sus acciones pertenece al Estado, o sea a los ciudadanos nicaragüenses, es una empresa mixta cuya compraventa tiene que ser del dominio público.
El Gobierno no puede alegar que solo tiene que dar información acerca del 16 por ciento de las accionesde Gas Natural, que son estatales. Cualquiera que sea la magnitud de la propiedad accionaria del Estado en una empresa, según la Ley tiene que ser controlada por la Contraloría y la información sobre sus negocios debe estar a disposición pública. Al no hacerlo, el régimen orteguista agrega otra grave arbitrariedad a su extenso registro de abusos en perjuicio de los ciudadanos nicaragüenses. Por lo cual tendrá que responder cuando la democracia y el Estado de Derecho sean restaurados en Nicaragua y llegue el ineludible momento de la rendición de cuentas ante una nueva justicia independiente.
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